Nueva York.- El Gobierno de Estados Unidos liderado por Donald Trump ha gastado 40 millones de dolares en deportar a 300 inmigrantes a terceros países en el último año, según un informe publicado por los demócratas que integran el comité Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos.
El informe, difundido la noche del viernes, es el resultado de una investigación de diez meses en la que los congresistas han revisado los acuerdos gubernamentales para este tipo de deportaciones, que fueron utilizados anteriormente “excepcional«pero el Gobierno de Trump ha sistematizado, según un comunicado.
El Gobierno está poniendo el dinero de los contribuyentes “en manos de gobiernos extranjeros mientras hace la vista gorda ante los costos humanos y el posible socavamiento de nuestras relaciones diplomáticas”, afirmó en la nota la senadora Jeanne Shaheen, quien encargó y dirigió el informe.
El coste de las deportaciones a terceros países hasta enero de 2026 «se desconoce pero probablemente supere los 40 millones de dólares», ya que el Gobierno ha entregado más de 32 millones «directamente a cinco países» -Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Esuatini y Palau-, detalla el documento.
De los 300 inmigrantes deportados a países distintos al suyo, 250 eran venezolanos enviados a El Salvador en marzo de 2025, y el resto, 51 personas cuya nacionalidad no está establecida, fueron enviados a otros cuatro países, la mayoría de ellos a Guinea Ecuatorial y Eswatini.
El informe de 30 páginas critica que en muchos casos EE.UU. podría haber expulsado a estas personas a sus países de origen, y señala que más del 80% de los deportados a terceros países «ya han regresado a sus países de origen o están en proceso de hacerlo». “En algunos casos, Estados Unidos pagó para enviar inmigrantes a terceros países y luego volvió a pagar para enviarlos a su país de origen”, añade.
Los senadores demócratas advirtieron que el Gobierno busca activamente retirar el estatus legal a miles de inmigrantes en EE.UU., suspendiendo beneficios como el TPS (estado de protección temporal) o el permiso humanitario, «lo que aumenta el riesgo de que se expandan las deportaciones a terceros países».
El informe concluye que estas operaciones son caras e ineficientes, derrochadoras, financian “gobiernos corruptos sin supervisión”, eluden la ley de inmigración estadounidense y se caracterizan por una falta de transparencia tanto en los acuerdos como en su cumplimiento por parte de terceros países.
