Por: Francisco A. Tavárez Vásquez
Durante años, la política fiscal dominicana ha transitado entre emergencias temporales y reformas parciales. La reciente propuesta de medidas “procrecimiento y mitigación” presentada por el Gobierno no escapa a esta tradición. Si bien surge en un contexto internacional adverso –marcado por el aumento de los precios del petróleo y sus efectos inflacionarios– su diseño revela más una estrategia de gestión de crisis que un intento genuino de transformación estructural.
En esencia, estamos ante una reforma de baja intensidad. El propio Gobierno planea recaudar entre RD$40 mil y RD$50 mil millones adicionales, una cifra limitada ante los desafíos fiscales acumulados. Además, estos recursos están prácticamente comprometidos de antemano: sólo el subsidio a los combustibles podría absorber una cantidad similar en 2026. Esto sugiere que el objetivo principal no es reestructurar las finanzas públicas, sino sostener el actual esquema de gasto en medio de presiones externas.
Desde la economía política, esta decisión no es casual. La reforma evita tocar los pilares más sensibles del sistema tributario: no modifica el ITBIS, no revisa integralmente las exenciones tributarias ni altera significativamente los impuestos selectivos. Es decir, evita los conflictos distributivos más relevantes. En un país donde la estructura tributaria ha sido históricamente regresiva, esta omisión es central: preservar el status quo es políticamente menos costoso que redistribuir las cargas tributarias.
Aunque la propuesta incorpora elementos de progresividad (como un recargo temporal a las grandes empresas y un nuevo tramo del impuesto sobre la renta para ingresos muy altos), su alcance es limitado. Estas medidas afectan a una fracción mínima de los contribuyentes, lo que limita su capacidad para alterar la desigualdad fiscal. En cambio, la decisión de no intervenir en el impuesto al consumo perpetúa el peso relativo de los impuestos indirectos sobre los hogares de menores ingresos.
Otro aspecto relevante es que buena parte de las medidas presentadas como avances corresponden en realidad a la corrección de distorsiones preexistentes. La eliminación del anticipo para las microempresas, la flexibilización para las pequeñas empresas o la indexación de la exención del impuesto mínimo a la renta no son innovaciones estructurales, sino ajustes tardíos a problemas conocidos. En muchos casos, se trata de mecanismos que deberían haberse aplicado sistemáticamente de acuerdo con el propio marco legal vigente.
Este carácter correctivo refuerza la idea de que la reforma no transforma el sistema, sino que lo normaliza parcialmente. Se mejora el funcionamiento para determinados contribuyentes y se alivian cargas específicas, pero sin alterar las bases del modelo tributario. En términos de economía política, esto responde a un equilibrio entre aliviar las presiones sociales y evitar una reforma más amplia que implique costos políticos significativos.
En el ámbito del gasto, el Gobierno propone un esfuerzo de racionalización: reducción de partidas no esenciales, contención administrativa y mejor focalización de las subvenciones. Sin embargo, estas medidas coexisten con una realidad ineludible: el peso creciente de los subsidios energéticos y sociales limita cualquier intento de una consolidación fiscal profunda. La política pública se mueve así en una lógica de compensación, donde el Estado transfiere recursos para amortiguar los efectos de la crisis sin cuestionar las causas estructurales del desequilibrio.
En perspectiva histórica, la reforma actual reproduce un patrón conocido. La República Dominicana ha optado repetidamente por “parches fiscales”: ajustes graduales, fragmentados y de corto plazo destinados a cerrar brechas financieras temporales. Este enfoque ha permitido gestionar crisis sucesivas, pero a costa de posponer un debate más amplio sobre el contrato fiscal.
Ese debate aún está pendiente. La ausencia de una discusión integral sobre el sistema de exenciones, la calidad del gasto, la progresividad tributaria y la transparencia fiscal revela los límites políticos de la reforma. En lugar de pedir un pacto fiscal amplio –capaz de reequilibrar las cargas y redefinir las prioridades del Estado– se privilegia la viabilidad inmediata.
En resumen, la reforma propuesta cumple una función: ganar tiempo. Contribuye a sostener la estabilidad en el corto plazo, evita un ajuste repentino y distribuye parcialmente los costos de la crisis. Pero también pospone el problema subyacente. La combinación de ingresos insuficientes, gasto rígido y deuda creciente permanece intacta, al igual que las tensiones distributivas que atraviesan el sistema fiscal dominicano.
La cuestión, entonces, no es si estas medidas son necesarias –probablemente lo sean en el contexto actual– sino si son suficientes. Y la respuesta, vista desde una perspectiva de economía política, es clara: no lo son. Sin una reforma integral que aborde las raíces del desequilibrio fiscal, el país seguirá atrapado en el ciclo de ajustes temporales y soluciones incompletas que, una y otra vez, posponen el futuro en nombre de la urgencia del presente.
