Los abogados de cuatro personas involucradas en la red de corrupción del Caso Coral y Coral 5G solicitaron a los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictar sentencia absolutoria, alegando que el Ministerio Público no logró acreditar los hechos que se les imputan.
Entre los imputados que piden la absolución se encuentran el general de brigada Julio Camilo de los Santos Viola y Raymen Pastor del Rosario Viona, quien está representado por su abogada Wendy.
También forman parte de esta solicitud las imputadas Lucía de los Santos Viola y Oneris Beatriz Patricio de los Santos, quienes figuran en el expediente por su presunta participación en los delitos señalados por el Ministerio Público, en el mismo proceso judicial en el que también aparecen los demás involucrados.
Defensa pide levantamiento de medidas y devolución de bienes
Los representantes legales de los imputados también solicitaron al tribunal que ordene el levantamiento de las medidas coercitivas impuestas contra los imputados, en caso de existir.
Asimismo, solicitaron la devolución de los bienes incautados durante los allanamientos realizados por el Ministerio Público, así como el levantamiento de la oposición colocada a las cuentas financieras de los imputados.
La defensa también pidió a los jueces rechazar la demanda civil interpuesta por los abogados del Equipo de Recuperación de Activos Públicos, quienes exigen una indemnización de RD$21 mil millones.
Según los abogados de los imputados, dicha solicitud es inadmisible y carece de fundamento jurídico.
Con esta solicitud se suman a otros representantes legales que durante el juicio también han solicitado la absolución para sus clientes dentro del proceso judicial del Caso Coral y Coral 5G.
Acusaciones del Ministerio Público.
El Ministerio Público acusa a varios involucrados, entre ellos policías y militares, de ser parte de una supuesta red criminal que habría sido encabezada por el mayor general Adán Cáceres Silvestre.
Según el expediente de acusación, la estructura de corrupción estaba integrada por 30 personas y 18 empresas.
Las investigaciones señalan que la presunta red habría operado entre 2012 y 2020, causando daños al Estado dominicano por más de RD$4,500 millones.
El organismo acusador sostiene que se desviaron fondos de instituciones públicas como: el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONANI).
Según el Ministerio Público, estos recursos fueron utilizados en beneficio personal de los involucrados.
Ministerio Público solicita penas de hasta 20 años.
Se recuerda que el Ministerio Público ha solicitado penas que van desde cinco a 20 años de prisión contra los imputados vinculados a la red de corrupción investigada en el Caso Coral y Coral 5G.
