La Habana.- Una profunda crisis económica y energética, protestas diarias por falta de energía y alimentos, y el aumento del número de presos por motivos políticos marcan este sábado el quinto aniversario del masivo estallido social del 11 de julio de 2021 (11J) en Cuba.
El aniversario llega cuando también han pasado seis meses desde que Washington incrementó la presión, con un bloqueo petrolero -que ha paralizado la isla y deteriorado enormemente las ya precarias condiciones de vida- y nuevas sanciones, que ahuyentan a las empresas extranjeras.
Sólo esta semana la isla ha sufrido dos apagones nacionales, elevando el total a cuatro en lo que va del año. Sin embargo, la situación no es mucho mejor en condiciones normales: La Habana recibe en promedio sólo una o dos horas de electricidad al día y en las provincias los cortes pueden durar hasta tres días consecutivos.
En este contexto, a diario se registran protestas, generalmente de decenas de personas que, de manera pacífica, principalmente en La Habana, exigen al Estado servicios básicos, como electricidad, agua y alimentos.
El descontento social se expresa en golpes de cacerolas y sartenes, bloqueos de calles y quema de basura.
Aire de protestas
Algunas voces de la disidencia cubana sostuvieron que el 11J marcó una ruptura histórica e irreversible en la relación entre la sociedad y el Estado, y que el aire que se respira estos días en la isla es de protesta.
“La profundización estructural de las deficiencias y desigualdades puede producir un hecho similar al del 11J”, sostiene el opositor cubano, Manuel Cuesta Morúa; mientras que la opositora cubana, Marthadela Tamayo, reconoce que no se ha visto una manifestación similar desde el 11J, «en el sentido de que fue masiva», y reconoce que la isla podría vivir otro 11J, ya que «las condiciones actuales propician ello».
Cuesta Morúa indica también que las protestas que se desarrollan actualmente en la isla consolidan, cinco años después del 11J, una “reconfiguración del nuevo tipo de relación entre la sociedad cubana y el Estado: ruptura del contrato histórico entre el pueblo y el Gobierno revolucionarios”.
Por su parte, la directora de Cubalex, Laritza Diversent, señaló en una conversación online que “desde las protestas del 11J la población civil cubana no ha dejado de salir a las calles” (a protestar) y destaca, a su vez, un “cambio de perspectiva dentro de la ciudadanía”, que “ha creado mecanismos para manifestarse”.
Sin embargo, reconoce Cuesta Morúa, el Gobierno cubano «endurece su respuesta encarcelando e imponiendo duras sanciones a algunos de los que protestan, como mensaje de su determinación de agudizar el descontento manifiesto de la ciudadanía».
En este sentido, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que en Cuba hay “una grave situación represiva” y contabilizó “al menos 1.949 acciones represivas” sólo en el primer semestre del año.
Presos politicos
Esta semana venció la pena de cárcel de Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los rostros más visibles de la disidencia artística y líder del Movimiento San Isidro, quien fue detenido precisamente el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas.
El artista, de 38 años, cumplió el pasado 9 de julio su condena de cinco años por desacato y desorden público, pero no ha sido puesto en libertad.
La ONG Human Rights Watch (HRW) criticó este sábado que se trata de «una liberación condicionada al exilio».
HRW también denunció que cinco años después del 11 de septiembre, unos 800 presos siguen encarcelados por motivos políticos, casi la mitad de ellos por participar en esas manifestaciones.
Según varias organizaciones de derechos humanos, las protestas del 11J terminaron con la detención de más de 1.400 personas.
HRW exigió que el gobierno cubano libere “inmediata e incondicionalmente” a todos los presos políticos y ponga fin a su “represión sistemática” de la disidencia.
Contrariamente a estas posiciones, el Gobierno cubano ha insistido en los últimos años en señalar el 11J como una “victoria popular”, como escribió este sábado en las redes sociales el secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba (PCC, el único legal), Roberto Morales Ojeda.
«¡Nunca les negaremos ese derecho a los revolucionarios! La Patria se defiende», insistió.
