SANTO DOMINGO.- La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional anuló la revisión de la medida coercitiva impuesta por Aurelio Valdez Alcántara, el fiscal que solicitó un soborno a un investigado y quien recibió US$ 10.000 en entrega vigilada.
El Director General de Fiscalía del Ministerio Público, Subprocurador General Wilson Camacho, valoró la decisión del tribunal de apelación.
“El Ministerio Público manifestó que no corresponde revisar la medida coercitiva hoy, como consecuencia del recurso de apelación que conoció recientemente la Corte Suprema de Justicia el pasado 3 de junio”, dijo Camacho a periodistas de diferentes medios de comunicación que se acercaron a él a su salida del tribunal.
Camacho dijo que el tribunal tomó en cuenta el párrafo tercero del artículo 243 del Código Procesal Penal, que establece que: “a partir del recurso de apelación se deberá hacer un recuento de la fecha para la revisión preceptiva”.
“Esa fecha corresponde al 3 de septiembre, como propusimos al tribunal, y el tribunal aceptó la solicitud del Ministerio Público, anuló la audiencia y fijó la revisión para el 3 de septiembre próximo”, subrayó.
«La revisión es obligatoria cada 3 meses, pero, si las partes apelan o revisan la medida coercitiva, esa fecha se rueda; el recuento que ha hecho el tribunal la ha fijado para el próximo 3 de septiembre», reiteró.
Respecto a los argumentos de la defensa, dijo que “tanto el tribunal que impuso la medida coercitiva como cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia creen contrario a lo establecido por la defensa que no hay arraigo suficiente, y por eso se ha impuesto la medida coercitiva de prisión preventiva”, enfatizando que esta medida coercitiva se mantiene.
La jueza Nancy Joaquín basó su decisión en que, según explicó en la audiencia el fiscal Eduardo Velázquez, la medida coercitiva fue ratificada el 3 de junio por la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia.
El imputado Valdez Alcántara cumplió en mayo pasado prisión preventiva por tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal.
El Ministerio Público lo acusa de violar varios artículos del Código Penal dominicano y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La medida fue impuesta por la jueza del Juzgado Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, luego de rechazar varias incidencias presentadas por la defensa técnica del imputado, que llegó a solicitar la nulidad del proceso.
Según el expediente, Valdez Alcántara exigió al investigado una suma inicial de doscientos mil dólares (US$ 200.000), suma que redujo a ciento cincuenta mil dólares (US$ 150.000) en una negociación en la que también mostró interés por un reloj marca Rolex y exigió un automóvil Mercedes Benz.
