El Estatuto de Roma estipula en la parte 9 que todos los Estados Partes cooperarán plenamente con la Corte Penal Internacional en relación con la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes bajo su jurisdicción.
Los redactores del Estatuto de Roma eligieron cuidadosamente la palabra “cooperar plenamente” para enfatizar el importante papel que tienen los Estados en el funcionamiento eficaz y eficiente de la Corte Penal Internacional.
El Estatuto de Roma también establece que los Estados Partes deben cooperar plenamente de conformidad con las disposiciones del Estatuto. En consecuencia, cualquier disposición del Estatuto de Roma que requiera la participación de un Estado debe interpretarse como cooperación plena, a menos que se explique lo contrario.
El Estatuto de la Corte Penal Internacional estipula además que los Estados Partes deben garantizar que en su derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas en esta parte.
En otras palabras, se espera que los Estados utilicen sus leyes nacionales para establecer todos los procedimientos necesarios que les permitan asistir a la Corte. Todos estos procedimientos deben permitir a los organismos estatales responder lo más rápido posible a los requisitos de la Corte Penal Internacional.
Los Estados deben considerar que si no cumplen con una solicitud de cooperación de la CPI, en contravención de las disposiciones del Estatuto, impidiéndole ejercer sus funciones y poderes de conformidad con el Estatuto, la Corte puede emitir una conclusión al respecto y remitir el asunto a la Asamblea de los Estados Partes, o al Consejo de Seguridad, si le ha remitido el asunto.
Por último, el Estatuto de la Corte Penal Internacional no prevé específicamente ninguna sanción. Sin embargo, un Estado Parte que se niegue a cumplir con una solicitud de cooperación hecha por la Corte incumplirá sus obligaciones convencionales en la mayoría de los casos, y podría haber consecuencias políticas perjudiciales para ese Estado.
