Santo Domingo.- El juez Vladimir Rosario García, de la Sala Novena de la Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentenció este viernes cinco años de prisión hasta el último hombre acusado de fraude electrónica contra varias personas, a través de la empresa Procrédito.
El imputado Marvin Joel Soriano Robles fue presentado ante el Tribunal de Ejecución de Pena del Distrito Nacional por violar lo dispuesto en la artículos 150, 151 y 405 del Código Penal dominicanoque sanciona el uso de Documentos falsos en escritura privada y estafa.
La sentencia núm. 047-2019-SSEN-00201, de fecha 31 de octubre de 2019, se emitió con motivo de la acusación penal pública presentada por Denny Silvestre, fiscal general del Distrito Nacional.
El imputado también fue condenado al pago de una multa de un tercio del salario mínimo, de conformidad con la Ley 12-07 sobre Multas o Sanciones Pecuniarias.
La Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), encabezada por el fiscal Andry De Los Santos, agotó el procedimiento tras tramitar una solicitud ante Katerine A. Rubio, jueza suplente de la Tribunal de Ejecución de Sentencia del Departamento Judicial del Distrito Nacional.
Apelar
Ante la decisión del tribunal de primer grado, Soriano Robles interpuso un recurso de apelación ante la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional, la cual desestimó el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes la sentencia de cinco años.
Luego la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia también rechazó un recurso de apelación contra la sentencia número 502-2021-SSEN-00069 del 26 de agosto de 2021.
Red de estafa con empresa fantasma
Soriano Robles es reincidente en delitos electrónicos, pues enfrenta otros procesos judiciales y había sido condenado a seis años de prisión por defraudar a otras personas.
Robles formó parte de una asociación de delincuentes junto con la imputada Roxanna Milagros Villeta Gómez, quienes ofrecían soluciones crediticias fraudulentas, a través de la empresa «ProCrédito» promovida como un buró de crédito para «sanear sus deudas» en el sistema financiero.
Con el objetivo de atraer más clientes para estafarlos, la empresa se promocionaba a través de un anuncio en redes sociales, que contenía un enlace que redirigía a las víctimas a WhatsApp.
Según acusa el Ministerio Público, la estructura criminal ofrecía contratos digitales a las víctimas, mediante los cuales se convertían en deudores de la empresa para realizar embargos irregulares y falsificar sus firmas.
