Santo Domingo. El fallo emitido en los casos Coral y coral 5G incluye compensación de RD$5,000 millones a favor del Estado dominicanoconsiderado por el Equipo de Recuperación de Activos Públicos (ERPP) como el más alto otorgado en el país en un proceso relacionado con la corrupción administrativa.
La decisión forma parte del fallo emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que condenó a 29 personas vinculadas a la red de corrupción y lavado de dinero investigada por el Ministerio Público, estructura que, según la acusación, habría desviado más de RD$4,500 millones de fondos públicos a través de operaciones realizadas por instituciones estatales.
José Alberto Ortiz Beltrán, miembro del ERPP, calificó de histórica la decisión y sostuvo que constituye un precedente en materia de recuperación de activos y responsabilidad de los funcionarios públicos.
“Es la indemnización más alta que se le ha otorgado a una víctima en un caso de corrupción pública”, afirmó al salir de la audiencia.
El abogado explicó que el tribunal reconoció al Estado dominicano como víctima de los hechos y aceptó los argumentos relacionados con los daños causados por las acciones atribuidas a los condenados.
Según indicó, los jueces también aceptaron el planteamiento respecto del daño moral y reputacional causado al Estado, así como las afectaciones a las instituciones públicas.
“Reconocieron que el Estado dominicano sufrió un daño reputacional, reconocieron el daño que sufrió la institución del Presidente de la República y el daño que sufrió el turismo dominicano a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur)”, dijo.
Según acusación del Ministerio Público, la red operó entre 2012 y 2020 utilizando estructuras al interior del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y otros organismos estatales para el presunto desvío de recursos públicos.
El expediente señala a Adán Cáceres Silvestre, exjefe de Cusep, como uno de los principales responsables de la estructura, mientras que Juan Carlos Torres Robiou fue acusado de facilitar operaciones irregulares de Cestur y Rafael Núñez de Aza de desempeñar papeles clave en la gestión financiera de la red.
La sentencia también incluía penas de hasta 20 años de prisión contra altos mandos militares, entre ellos Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Rafael Núñez de Aza, además de multas y sanciones económicas.
Ortiz Beltrán consideró que la decisión judicial envía un mensaje claro contra la impunidad.
“La corrupción no se va a tolerar y poco importa el puesto que ocupes”, afirmó.
La lectura íntegra de la sentencia quedó fijada para el próximo 14 de agosto.
