SANTO DOMINGO.– El juez de la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional, Rafael BáezAdvirtió este miércoles que la entrada en vigor del nuevo Código Penal tendrá un impacto «muy negativo» en el sistema penitenciario dominicano, al aumentar las penas de prisión sin incorporar incentivos para la reinserción de las personas privadas de libertad.
Durante su participación en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, El magistrado sostuvo que el aumento de las penas máximas, de 30 a 40 años y de 40 a 60 años en algunos casos, provocará que los reclusos permanezcan más tiempo en las cárceles y agravará el problema de la sobrepoblación penitenciaria.
«Esto va a significar que la gente va a pasar más tiempo privada de libertad, y el mayor problema que puede tener el Estado dominicano en este momento es empezar a construir más cárceles», afirmó.
A juicio de Báez, apostar por la construcción de nuevas instalaciones penitenciarias representa una política equivocada, ya que considera que los países que aspiran al desarrollo invierten en educación, cultura y capacitación técnica, no en ampliar su infraestructura penitenciaria.
«Los países que quieren desarrollarse no construyen cárceles, construyen escuelas de música, escuelas de arte, institutos tecnológicos y centros culturales. En República Dominicana estamos partiendo de la reacción, no de la prevención, alentados por el populismo», afirmó.
El magistrado señaló que la capacidad actual del sistema penitenciario presenta ya importantes limitaciones y sostuvo que imponer penas de hasta 40 años «está cerrando todas las posibilidades de reinserción» de una persona.
Asimismo, calificó tanto la pena privativa de libertad como las prisiones como «instituciones históricamente fallidas».
«La prisión es un fracaso oculto», afirmó.
Más delitos y mayor carga para los tribunales
Báez explicó que, si bien el nuevo Código Penal contiene menos artículos que la legislación actual, incorpora alrededor de 70 nuevos tipos penales, lo que aumentará el número de procesos que llegarán a los tribunales.
«Obviamente habrá más trabajo para los jueces, pero ese no es el impacto que nos preocupa, porque ese es nuestro trabajo, nuestra preocupación es el hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria», afirmó.
Critica falta de política de judicialización
El juez también cuestionó la ausencia de una política de persecución penal eficiente que permita resolver determinados conflictos sin necesidad de llevarlos a juicio.
Indicó que en República Dominicana prácticamente todos los casos terminan en los tribunales, desde personas detenidas con pequeñas cantidades de sustancias prohibidas hasta organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Como referencia, citó que en Argentina más del 60% de los casos se resuelven sin judicialización, mientras que en Estados Unidos alrededor del 80% pasa por mecanismos de conciliación o acuerdos previos y sólo una minoría llega a los tribunales.
«Aquí se lleva de todo a los tribunales… desde dos gramos de una sustancia prohibida hasta 50 kilos. Tenemos que discriminar entre una cosa y otra porque no podemos tener tribunales llenos de asuntos que consumen tiempo, energía y recursos, cuando se pueden resolver por medios alternativos», afirmó.
La población carcelaria se ha duplicado
El juez Báez recordó que cuando entró en vigor el Código Procesal Penal, en 2004, el país contaba con poco más de 12 mil personas privadas de libertad, mientras que actualmente la cifra supera las 27 mil.
«Esto significa que aquí la tasa de ocupación penitenciaria se ha duplicado», afirmó.
En ese sentido, consideró que los objetivos con los que se Código de Procedimiento Penal no se han cumplido.
“Nos vendieron que con este Código Procesal Penal primero se investigaba y luego se paraba. Está pasando lo contrario, aquí se bloquea primero y luego se investiga. Ahora se ejecuta la sentencia y luego se dicta la sentencia”, concluyó.
