Santo Domingo.- La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (ANADIVE) expresó su preocupación por la aprobación acelerada en el Senado del proyecto de modificación de la Ley 98-25 (ex 225-20) sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, sin escuchar a los actores involucrados que se verán afectados por la citada legislación.
César De los Santos, presidente de la entidad, afirmó que se produjo sobre todo sin contar con el apoyo de un Estudio Técnico-Económico que sustente la toma de decisiones, en un tema sensible al funcionamiento y competitividad de las empresas, especialmente las pequeñas, medianas y mipymes, lo que pone en riesgo su subsistencia y empleo.
Indicó que se recuerda que, en el primer trimestre de este año, las autoridades hicieron un “acuerdo verbal” con los gremios empresariales para consensuar y adecuar la citada ley.
“Nos sumamos a las voces que aspiran a una ley de Residuos Sólidos moderna, pero que tenga en cuenta las dificultades de las pequeñas empresas, la equidad fiscal y la visión de futuro de la nación, sin mutilar las posibilidades de desarrollo nacional”, afirmó.
“Reconocemos que la pieza legislativa que ahora pasará a la Cámara de Diputados ofrece una gran oportunidad para elaborar un proyecto equilibrado, acorde con el interés nacional y las aspiraciones de las asociaciones, entidades y empresas que presentan objeciones y sugerencias”, dijo el presidente de ANADIVE.
Dijo que se hace evidente en un espacio plural y democrático, la necesidad de ampliar la consulta, el diálogo constructivo y la deliberación técnica, a fin de lograr regulaciones más “imparciales, equitativas y justas”, que promuevan la formalización y el crecimiento de las pequeñas empresas; y que vi llevarlo a la quiebra.
César De los Santos señaló que, en el proyecto aprobado, y que ahora será conocido nuevamente, por la Cámara de Diputados, persisten varias desigualdades, que podrían entenderse, corregirse o modificarse con buena voluntad, por lo que hacemos las siguientes aclaraciones:
Sostuvo que en cuanto a las actividades del sector de concesionarios de vehículos, una parte representativa son los intermediarios, quienes obtienen un margen de comercialización bajo (entre 3 y 5%), si bien pueden tener alto volumen de operaciones y ventas, sus ingresos y ganancias reales se obtienen en base a comisiones por ventas.
Recordó que como tal está reconocido en la DGII para el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR). Como dijimos anteriormente, el proyecto aprobado tiene “un pecado original”. Según los principios contables, es ilusorio gravar los ingresos por ventas, porque al momento de realizar las operaciones, las empresas tienen que restar el costo de la mercancía, percibiendo sólo las utilidades o utilidades brutas.
Manifestó que, por ejemplo, una empresa que vende RD$ 100 millones al año y el costo de la mercancía puesta a la venta cuesta RD$ 95.0 millones, tiene un margen del 5%, es decir RD$ 5.0 millones de utilidad bruta.
Por tanto, es incorrecto gravar el total de los ingresos de la venta, ya que nadie debe pagar por un beneficio que no ha recibido. 3. Es necesario evitar la doble imposición, ya que los vehículos de motor pagan entre el 1 y el 3% del valor CIF (costo, seguro y flete), por la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el carbono (CO2), y las empresas también cubren adicionalmente la recolección de residuos sólidos (basura), situación que la factura debe tener en cuenta.
Observando los montos de las “Aportaciones” de la Ley 225-20 (Original), en comparación con los valores propuestos por el Proyecto de Modificación (aprobado por los Senadores), aún registra valores excesivos, aumentando las categorías de montos entre RD$ 3,000. y RD$675,000, que incrementa los valores porcentuales a pagar, en varias líneas.
Como es sabido de todas las empresas que constituyen parte del sector automotriz, que representamos, son grandes contribuyentes con altas tasas impositivas (aduaneras y fiscales), que sirven de apoyo al aparato estatal, por lo que debe evitarse cualquier medida que altere sus operaciones y el clima de negocios.
