SANTO DOMINGO. — El Decreto 615-26, emitido por el presidente Luis Abinader, declara de alto interés nacional y prioridad estratégica la lucha contra el llamado “terrorismo ambiental”, con énfasis en la protección de parques nacionales, cuencas hidrográficas, presas, embalses, manglares, humedales y nacimientos de ríos.
La disposición establece una mayor coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad, la investigación y la protección de los recursos naturales para enfrentar ataques considerados graves contra el medio ambiente.
Para el ambientalista Nelson BautistaEl decreto representa una señal positiva, pero su verdadero valor dependerá de si se traduce en acciones legales y consecuencias efectivas.
“Aspiramos a que de ahora en adelante… este verbo se haga carne”, dijo Bautista al referirse a la necesidad de que la disposición produzca resultados concretos.
El ambientalista también defendió el uso del término “terrorismo ambiental” para los ataques más graves contra los recursos naturales.
“Cuando alguien ataca el recurso hídrico, que es vital, ¿qué otro adjetivo se le puede poner aparte de terrorismo?” dijo durante una entrevista en el programa radial “Esto No Tiene Nombre”.
Sin embargo, advirtió que no todas las violaciones ambientales deberían recibir automáticamente esa clasificación. Consideró necesario establecer criterios claros para evitar los llamados “falsos positivos” y garantizar que la persecución alcance a quienes ordenan, financian o se benefician de actividades ilícitas.
Bautista cuestionó que, en muchos casos, las investigaciones terminan señalando al trabajador o conductor que realiza la acción, mientras que los funcionarios de mayor nivel quedan fuera del proceso.
“Como país necesitamos que el régimen de consecuencias se aplique sin falsos positivos, sin que sea siempre el eslabón más débil de la cadena que termina pagando”, afirmó.
El Gobierno ha defendido el decreto como respuesta a la gravedad de los delitos que afectan a espacios protegidos y recursos estratégicos. La nueva disposición se basa, entre otras normas, en lo dispuesto en el nuevo Código Penal en materia de delitos medioambientales.
Para Bautista, la prueba definitiva estará en los resultados: investigaciones que lleguen a los verdaderos responsables, procesos judiciales sólidos y condenas cuando corresponda.
El decreto ya está en vigor.
Ahora la expectativa es si el “terrorismo ambiental” dejará de ser un nombre y se convertirá en consecuencias reales para quienes destruyen los recursos naturales del país.
