Santo Domingo.– La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) reafirmó su compromiso de combatir el comercio ilícito, calificándolo como uno de los principales obstáculos para el desarrollo de las empresas formales, la recaudación de impuestos y la seguridad de los consumidores en el país.
Según la AIRD, esta práctica genera graves distorsiones en el mercado, debilita la competitividad industrial y fomenta actividades criminales internacionales, impactando negativamente a los sectores formales de nuestra economía.
En su más reciente publicación de la Revista HechoenRD, la AIRD destacó la importancia de unificar esfuerzos entre el sector público y privado para enfrentar este desafío. «No hay soluciones individuales; La acción fragmentada fortalece a quienes se benefician del comercio ilícito”, afirmó Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo y editor de la publicación. Destacó la necesidad de sanciones severas, voluntad de cooperación y conciencia social como pilares de esta lucha.
La conformación del Consejo Público Privado para la Prevención del Comercio Ilícito, creado mediante la Ley N° 17-19, es reconocida por la AIRD como un avance significativo en este esfuerzo conjunto. Este organismo tiene como objetivo proponer medidas de prevención para erradicar el comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de productos regulados a través de la colaboración entre los sindicatos del sector privado y los organismos reguladores correspondientes.
“En la AIRD apoyamos el comercio responsable y la competencia justa, así como las alianzas público-privadas que asuman la responsabilidad compartida de eliminar este cáncer social”, afirmó la entidad. La AIRD reiteró su compromiso con esta causa y su determinación de continuar trabajando para garantizar un mercado transparente, competitivo y justo para todos los actores involucrados.
La revista se puede descargar desde el portal institucional de AIRD: https://aird.org.do/es/publicaciones/revista-hechoenrd/
Muchas voces, una pelea
Diversos sindicatos y representantes del sector privado se pronuncian en esta edición de factoenRD sobre el impacto del comercio ilícito en sus áreas de trabajo, expresando así muchas voces por esta lucha.
Juan José Alorda, presidente de ARAPF, destacó los riesgos que representan los medicamentos ilícitos para la salud pública, mientras que Ludwig García, de INFADOMI, enfatizó la importancia de adquirir medicamentos únicamente en establecimientos autorizados. Por su parte, Ana María Martínez, de ADOFACE, destacó la necesidad de garantizar la seguridad y la transparencia como pilares de la lucha contra este flagelo. Giuseppe Bonarelli, presidente de RIVLAS, y la Asociación Dominicana de Productores de Ron (ADOPRON) advirtieron que los aumentos de impuestos a las bebidas alcohólicas fomentan el comercio ilegal. Además, Andrés Espinal de ASOCIGAR y Litto Gómez de PROCIGAR señalaron cómo esta problemática afecta la competitividad económica y productos emblemáticos como el cigarro dominicano. Desde ADEIC, Rosanna Grullón instó a enfrentar el comercio ilícito como un desafío nacional.
Los expertos técnicos también aportaron su perspectiva. Jaime R. Ángeles analizó el impacto en la industria farmacéutica, mientras que Ralvin Gross y Erick Pérez del Toro resaltaron los riesgos económicos y de salud asociados al comercio ilegal de bebidas alcohólicas y productos en general. Jorge Esteva enfatizó los desafíos críticos que representa el comercio ilícito de combustibles para el sector energético dominicano.
A nivel gubernamental, figuras clave compartieron sus iniciativas. Miriam Germán Brito, Procuraduría General de la República (PGR), se refirió a que el comercio ilícito es una tarea urgente y prioritaria. Por su parte, Víctor -Ito- Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), destacó los avances que lidera esa institución en esta lucha. Eduardo Sanz Lovatón, de Aduana, destacó que cada golpe al comercio ilícito refuerza la seguridad nacional.
En ese mismo sentido, Luis Valdez, de la DGII, señaló la importancia del control fiscal, mientras que Eddy Alcántara, de Pro Consumidor, advirtió sobre los riesgos para los derechos de los consumidores. Leandro Villanueva, de DIGEMAPS, habló sobre la vigilancia sanitaria contra la falsificación de medicamentos.
Desde ProCompetencia, María Elena Vásquez destacó la necesidad de proteger la economía local, mientras que Néstor Julio Matos del INDOCAL destacó el papel de las normas de calidad. Finalmente, el general César A. Miranda Mañón, de CECCOM, afirmó que proteger la salud social y las inversiones legales es innegociable.
En el plano legal, Boris de León analizó el marco regulatorio relacionado con el comercio ilícito, mientras que Isis De la Cruz Duarte, fiscal general adjunta de la PGR, destacó la importancia de la cooperación público-privada para combatir este problema. Vilma Arbaje, viceministra de Comercio Exterior del MICM, presentó como un caso de éxito gracias a una acción coordinada la salida de RD del Informe 301 sobre Propiedad Intelectual.
Estos testimonios y análisis muestran la importancia de una estrategia integral, con la participación activa de todos los sectores, para enfrentar un problema que trasciende sectores y fronteras.
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