Los abogados del mayor general del ejército, Adán Cáceres Silvestre, involucrados en los casos de corrupción Coral y Coral 5G, solicitaron al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar la solicitud del Ministerio Público, alegando que no se ha demostrado la responsabilidad penal de su cliente, y que se declare su absolución.
La defensa presentó sus conclusiones a favor de Cáceres Silvestre y pidió a los jueces levantar cualquier medida de coacción personal que pese sobre el imputado. Asimismo, pidieron rechazar el pedido de decomiso realizado por el Ministerio Público y ordenar la devolución inmediata de todos los bienes propiedad de Adán Benoni Cáceres Silvestre secuestrados durante los allanamientos de este proceso.
Además, solicitaron que el tribunal ordene el levantamiento de las oposiciones inmovilizadas y de las propias medidas coercitivas dictadas contra el patrimonio del mayor general.
En relación con el aspecto civil, la defensa solicitó que se desestime en su totalidad la demanda con constitución como demandante civil del Estado dominicano, presentada a través de la Oficina del Equipo de Recuperación del Estado el 18 de febrero de 2022, así como las indemnizaciones solicitadas en el Acta de Concreción de Reclamaciones Civiles del 1 de junio de 2022, alegando que son inadmisibles, infundadas y carentes de fundamento fáctico, ya que se ha probado el incumplimiento. comisión de los hechos imputados.
La defensa enfatizó que el Ministerio Público no presentó pruebas que comprometan la responsabilidad penal de Cáceres Silvestre en la presunta red de corrupción del Cuerpo de Seguridad de la Presidencia (Cusep), mientras lo dirigió entre 2012 y 2020.
Finalmente, solicitaron que el tribunal ordene al Estado y a la parte demandante el pago de las costas procesales a favor de los abogados concluyentes: Cristian Alberto Martínez, Romer Jiménez, Jesús Ramos y Francisco Álvarez Aquino, luego de dos días de presentación por parte de la defensa.
Luego de escuchar a los abogados de los imputados, los jueces pospusieron el proceso para escuchar las conclusiones de los defensores de otros imputados en el caso Coral y Coral 5G.
Recurso de condena del Ministerio Público en el caso Coral y Coral 5G.
La semana pasada, el Ministerio Público, encabezado por la titular de la Fiscalía Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, solicitó penas que van de cinco a 20 años de prisión para los involucrados, alegando haber demostrado su responsabilidad penal.
Entre los principales responsables, el Ministerio Público solicitó 20 años de prisión para Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Bautista, Franklin Antonio Mata Flores y Rafael Núñez de Aza, además del pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos.
Asimismo, solicitó 15 años de prisión para Rossy Guzmán Sánchez, Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco, con multa de 300 salarios mínimos. Para otros imputados, entre ellos Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Curtidor Antonio Flete Guzmán, José Manuel Rosario Pirón, entre otros, solicitó 10 años de prisión y multas equivalentes a 200 salarios mínimos.
Para Esmeralda Ortega Polanco y Alejandro José Montero Cruz, el Ministerio Público solicitó 10 años de prisión; mientras que para Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura, cinco años de prisión y multa de RD$500 mil. En el caso del Mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez solicitó cinco años de prisión, incluido el tiempo de arresto domiciliario, suspensión de la pena bajo ciertas reglas y multa de 200 salarios mínimos.
Además, el Ministerio Público solicitó el decomiso de 214 propiedades, 86 vehículos de alta cilindrada, más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo, generando ingresos por más de RD$86 millones a favor del Estado dominicano. También solicitó el cierre y disolución de la Iglesia Bautista Vida Eterna, sanciones a empresas relacionadas y multas de hasta RD$10 millones a otras entidades.
El Ministerio Público acusa a una estructura integrada por policías y militares, encabezada por Adán Cáceres Silvestre, que operó entre 2012 y 2020 desviando más de RD$4.5 millones de fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Conani), en perjuicio del Estado dominicano.
