Algunos abogados plantearon que el Presidente de la República, Luis Abinader, mantiene una posición errónea al afirmar que una persona con más de 10 cargos por la comisión de delitos tiene bajas posibilidades de reintegrarse a la sociedad, argumento expresado al defender la necesidad de que el sistema de justicia y el nuevo Código Penal respondan a los niveles y tipos de criminalidad actuales.
El jurista Joaquín Zapata sostuvo que el presidente tiene una concepción equivocada sobre el tema de los antecedentes policiales. Explicó que una persona que ha cometido un delito y está procesando conforme a la ley no debe acumular 10 expedientes, y que si los registra es porque en ningún caso ha sido condenado definitivamente, lo que le permite ser sometido a múltiples ocasiones.
Asimismo, Zapata enfatizó la diferencia entre la acumulación de antecedentes y el proceso de reinserción social.
Precisó que cuando se habla de reinserción a la sociedad se hace referencia a un ciudadano que ha sido condenado y ha cumplido condena mediante sentencia firme.
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Por su parte, el abogado Emmanuel Pimentel expresó, con el debido respeto al presidente Abinader, que ninguna persona puede ser declarada “irrecuperable” por la cantidad de procesos o registros que acumula.
Pimentel recordó que el artículo 40.16 de la Constitución dominicana establece que las penas privativas de libertad deben estar orientadas a la reeducación y la reinserción social, mandato que no distingue entre quienes han cometido un delito una vez o diez veces.
Agregó que la reincidencia puede justificar una respuesta penal más severa dentro del marco legal, pero nunca la renuncia del Estado a la rehabilitación de seres humanos. Señaló que la dignidad humana no se pierde con una condena y que un Estado de derecho, si bien debe sancionar con firmeza, debe preservar la esperanza jurídica de que la persona puede rectificar y volver a vivir dignamente en sociedad, ya que el Derecho Penal debe sancionar los hechos y no condenar a la persona para siempre.
En tanto, el abogado Carlos Salcedo indicó que la preocupación del presidente Abinader es legítima, pues quien acumula reiteradamente conductas delictivas representa un serio desafío para la seguridad ciudadana y el sistema de justicia, por lo que no se puede ignorar la reincidencia.
Sin embargo, Salcedo aclaró que desde una perspectiva estrictamente jurídica e institucional se debe distinguir entre reincidencia, registros policiales y condenas firmes. Un “expediente” no necesariamente equivale a una condena, y el Estado constitucional exige que nadie sea considerado delincuente sin una decisión judicial firme.
Salcedo afirmó que la reinserción social no es una concesión de benevolencia del Estado, sino uno de los propósitos de la sentencia. Indicó que si bien diez reincidencias dificultan la rehabilitación, legalmente no permiten decir que sea imposible.
Señalo que el verdadero desafío reside en lograr un equilibrio entre penas proporcionales por reincidencia, protección social, prevención del delito y un sistema penitenciario con capacidad rehabilitadora. Manifestó que el nuevo Código Penal debe ser firme contra la reincidencia, pero defender los principios de un sistema penal basado en la ley y no sólo en la pena.
La postura del presidente Abinader se dio durante las rondas de preguntas a los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (SCJ) en el marco de los trabajos del Consejo Nacional de la Judicatura (CNM).
