El abogado Julio Núñez denunció que el Departamento de Migración de la Dirección General de Migración estaría rechazando solicitudes de residencia de ciudadanos extranjeros sin ofrecer motivación legal, situación que, afirmó, genera preocupación por la seguridad jurídica de familias e inversionistas residentes en República Dominicana.
El jurista explicó que ha recibido varias denuncias de ciudadanos extranjeros afectados por esta situación, por lo que solicitó la intervención del presidente de la República, Luis Abinader, y del director general de Migración, general Lee Ballester, ante lo que calificó como rechazos de residencias sin un fundamento jurídico claro.
Núñez expresó que, según la información recabada, numerosos ciudadanos extranjeros que han depositado sus expedientes para obtener o renovar sus residencias en República Dominicana, cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la normativa migratoria dominicana, estarían enfrentando rechazos administrativos sin explicación legal, así como demoras excesivas y ausencia de respuestas formales a los recursos administrativos interpuestos por los afectados.
El abogado explicó que, según las denuncias recibidas y la documentación analizada, estas decisiones administrativas estarían siendo adoptadas bajo la responsabilidad de Laura Mariñez, encargada del Departamento de Extranjería, quien supuestamente habría ordenado el rechazo de solicitudes de residencia múltiple sin ofrecer suficientes motivos jurídicos ni responder adecuadamente a los requisitos formales presentados por los solicitantes y sus representantes legales.
Según el jurista, esta situación estaría afectando a ciudadanos extranjeros que residen desde hace años en República Dominicana, muchos de los cuales han realizado importantes inversiones en el país, han creado empresas, generado empleos y han desarrollado su proyecto de vida dentro de la sociedad dominicana.
En numerosos casos, señaló Núñez, se trata de familias con hijos que estudian en escuelas y universidades del país, plenamente integradas en el sistema educativo y social dominicano, lo que convierte estas decisiones administrativas en situaciones especialmente delicadas desde el punto de vista humano y jurídico.
El abogado advirtió que la negativa a ofrecer explicaciones jurídicas claras sobre las decisiones adoptadas, así como la falta de respuesta a los recursos administrativos presentados por los afectados, podría constituir una violación a principios fundamentales establecidos en la Constitución de la República Dominicana, particularmente los relacionados con la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y el debido proceso administrativo.
Asimismo, recordó que la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y el Procedimiento Administrativo establece que toda decisión de la administración pública debe estar debidamente motivada y basada en derecho, garantizando al ciudadano la posibilidad de comprender los motivos de la acción del Estado y ejercer su derecho de defensa.
Asimismo, el jurista destacó que cuando estas decisiones afectan a familias con hijos menores de edad, el Estado debe actuar con especial responsabilidad, ya que la Ley 136-03 establece el principio del interés superior del niño, que exige que todas las decisiones administrativas tengan en cuenta el bienestar y la estabilidad familiar de los menores.
El profesional del derecho advirtió que estas situaciones podrían estar generando un clima de incertidumbre que impacte negativamente en la confianza de los inversionistas extranjeros y residentes en las instituciones dominicanas, afectando la imagen del país como un destino seguro para la inversión extranjera y el desarrollo empresarial.
Por ello, hizo un respetuoso pero firme llamado al Presidente de la República y al Director General de Migración para que dispongan una revisión institucional de la actuación del Departamento de Migración y garanticen que los procesos migratorios se realicen con estricto apego a la Constitución, las leyes y el respeto a los derechos fundamentales.
Finalmente, el jurista reiteró que República Dominicana ha construido durante décadas una reputación internacional basada en la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y la confianza para la inversión extranjera, principios que, según él, deben preservarse para proteger el desarrollo económico y social del país.
