La jueza del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero, ratificó este jueves la prisión preventiva del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa)Santiago Hazim, y otros cinco imputados en el caso Cobra, por su presunta participación en un desfalco de más de RD$15,900 millones a la institución, tras conocer la revisión obligatoria de la medida coercitiva.
El magistrado mantuvo la prisión preventiva contra Santiago Hazim y los imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes figuran en el expediente del caso Cobra.
El grupo se encuentra cumpliendo condena en el Centro Correccional y de Rehabilitación Las Parras.
La decisión se adoptó luego de que el magistrado aceptara la solicitud del Ministerio Público, que solicitó mantener la prisión preventiva como medida de coerción, al considerar que existe peligro de obstrucción de las investigaciones y destrucción de pruebas.
En tanto, los abogados de cinco de los imputados solicitaron variar la prisión preventiva por otra medida menos gravosa. Mientras tanto, el jurista Miguel Valerio, representante legal de Hazim, no solicitó que la prisión preventiva sea sustituida por otra medida de coerción.
El abogado del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, reiteró que no solicitan una variación de la medida coercitiva, porque demostraría la inocencia de su cliente en el juicio.
Según la investigación del Ministerio Público, la estructura criminal de corrupción desmantelada mediante la Operación Cobra era liderada por el exdirector del Senasa, Santiago Hazim, y operada a través de un supuesto «comité operativo» paralelo, desde el cual se centralizaban las decisiones estratégicas fuera de los canales institucionales de la aseguradora estatal.
El órgano de la fiscalía sostiene que este mecanismo permitió agilizar o bloquear procesos a cambio de beneficios económicos, violando los requisitos legales del sistema público de salud.
Indica que el presunto fraude incluyó la adulteración de documentos, la presentación de reclamaciones falsas y la autorización de pagos sustentados en facturación simulada. También se habría gestionado la autorización de prestadores de servicios de salud a cambio de pagos ilícitos.
Los imputados habrían utilizado sociedades de cartera y operaciones bancarias trianguladas para ocultar el origen de los fondos supuestamente desviados de las reservas técnicas de la aseguradora estatal.
El Ministerio Público atribuye al grupo su participación en un esquema que habría causado al Estado dominicano pérdidas superiores a los RD$15,900 millones. Los hechos continúan bajo investigación y las responsabilidades deben ser determinadas por los tribunales.
El expediente también incluye a los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, el empresario Eduardo Read Estrella y Ada Ledesma Ubiera, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario como medida de coerción.
