Santo Domingo. – Él gobierno dominicano aprobó el Código de Ética de la Inteligencia artificial de Servicios Públicos, a través del decreto 787-26, que establece reglas para el uso de esta tecnología en las instituciones estatales y busca garantizar la transparencia, la protección de los derechos ciudadanos y la supervisión humana.
La disposición, impulsada a través de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ógtico) y el Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con el acompañamiento del Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), contempla restricciones y mecanismos de control de los sistemas de inteligencia artificial utilizados por la administración pública.
Evaluaciones éticas y derecho a revisión
Entre las principales medidas se encuentra la obligación de realizar evaluaciones de impacto ético y de derechos humanos antes de implementar sistemas de seguridad. inteligencia artificial considerados de alto impacto, especialmente aquellos que puedan afectar el acceso a servicios, beneficios sociales o decisiones sancionatorias.
El código también establece que los ciudadanos deben ser informados cuando una decisión administrativa haya contado con el apoyo de inteligencia artificial. Además, podrán solicitar explicaciones y recurrir a mecanismos de revisión por una persona.
Prácticas prohibidas en el Estado
La normativa prohíbe el uso de sistemas de clasificación social generalizados, identificación biométrica masiva en espacios públicos sin mandato judicial y elaboración de perfiles criminales predictivos basados en condiciones territoriales o socioeconómicas.
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Asimismo, impide el uso de inteligencia artificial para automatizar sentencias penales y desarrollar armas autónomas.
En cuanto a la protección de menoresestablece restricciones especiales para evitar que estas herramientas generen o distribuyan contenidos abusivos, nocivos o discriminatorios contra niños y adolescentes.
Otro aspecto considerado es la soberanía digital. Para ello, las instituciones públicas deberán exigir garantías de seguridad, trazabilidad y control de datos a sus proveedores, así como evitar contratar sistemas que no puedan ser auditados por la Estado.
El decreto también prevé la creación de la Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificialun órgano de consulta y coordinación que integrará a instituciones estatales y representantes de sectores no gubernamentales, académicos y de la sociedad civil.
Las entidades públicas tendrán período de 180 días calendario para adecuar sus procedimientos, registrar los sistemas tecnológicos que utilizan, designar funcionarios responsables y adoptar las medidas necesarias para cumplir con las nuevas disposiciones.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos del país por establecer una gobernanza responsable de la inteligencia artificial, en línea con principios y estándares internacionales impulsados por organizaciones como la UNESCO y el Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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