Santo Domingo.– La organización Dominicana con Valores (UNA ORACIÓN) pidió al presidente Luis Abinader observar la ley que busca posponer por dos años la entrada en vigor de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en caso de que la iniciativa sea aprobada por el Congreso Nacional.
La entidad también pidió a los diputados rechazar el proyecto que, según explicó, ya fue conocido en el Senado y pasó a la Cámara Diputadosconsiderando que su aprobación debilitaría los mecanismos legales para sancionar a las empresas involucradas en actos delictivos.
UNA ORACIÓN Sostuvo que posponer la aplicación de la responsabilidad penal corporativa representaría un retroceso institucional y contradiría las políticas gubernamentales encaminadas a combatir la corrupción y la impunidad.
Advierten sobre uso de empresas en casos de corrupción
El portavoz institucional de UNA ORACIÓN, Luis GarcíaManifestó que las estructuras empresariales han sido utilizadas en esquemas de corrupción que afectan el patrimonio público.
Los procesos judiciales más grandes vistos en los tribunales dominicanos en los últimos años muestran un patrón claro: las estructuras corporativas, constituyendo personería jurídica, han servido como redes para el desvío de fondos, la sobredimensionamiento de obras, el lavado de dinero y el financiamiento irregular de la política», afirmó. García.
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El representante de la organización consideró que postergar las sanciones penales hasta el empresas implicados en delitos significaría concederles protección temporal.
Posponer el sanciones sanciones para las empresas que cometen delitos equivale a proporcionar protección temporal a los impulsores de la gran corrupción», afirmó.
La entidad argumentó que las personas jurídicas también pueden participar en actividades ilícitas, por lo que entiende que deben estar sujetas a disposiciones penales. cubierto en el nuevo Código Penal.
Cuestionan posible desigualdad ante la ley
Entre los argumentos presentados por UNA ORACIÓN Se incluye la necesidad de mantener coherencia en las políticas anticorrupción.
La organización considera contradictorio promover una política de «impunidad cero» al tiempo que se plantea retrasar la solicitud de mecanismos legales para sancionar a empresas involucradas en delitos contra el Estado.
Asimismo, sostuvo que la medida generaría desigualdad ante la ley al establecer un plazo adicional de dos años para la entrada en vigor de la ley. responsabilidad derecho penal de las personas jurídicas.
UNA ORACIÓN También advirtió que, en su opinión, el aplazamiento podría afectar los avances del país en la prevención del lavado de dinero y el cumplimiento de los estándares internacionales de gobernanza.
Piden al Congreso rechazar el proyecto
Ante esta situación, Dominicana con Valores instó a la Cámara de Diputados frenar la aprobación de la iniciativa y pidió al presidente que ejerza su facultad constitucional de observar la norma si finalmente recibe el apoyo del Congreso.
La entidad insistió en que la aplicación de sanciones penales a personas jurídicas constituye una herramienta para enfrentar delitos relacionados con corrupción y proteger los recursos públicos.
Él fortalecimiento El estado de derecho requiere firmeza. La sociedad dominicana no puede esperar dos años más para contar con las herramientas necesarias para sancionar a las empresas e instituciones que atentan contra el desarrollo y la ética pública”, concluyó la organización.
la posición de UNA ORACIÓN Ocurre en medio del debate sobre la postergación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, contemplada en el nuevo Código Penal dominicano.
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