La propuesta de crear nuevas provincias en la republica dominicana reabre el debate sobre los criterios que deben determinar la división político-administrativa del territorio nacional.
Para el historiador Rafael Darío Herrera, el país ha llegado a un punto en el que la creación de nuevas demarcaciones corre el riesgo de responder más a intereses políticos que a necesidades específicas de las comunidades.
«Se ha celebrado la creación de nuevos municipios y provincias»afirmó Herrera al analizar la evolución histórica de la organización territorial dominicana y las iniciativas que actualmente se discuten en el Congreso Nacional.
Sus declaraciones llegan en momentos en que el Poder Legislativo tiene proyectos sobre la mesa que Buscan constituir dos nuevas provincias: Santa Lucía, a partir del municipio de Las Matas de Farfán, en San Juan, y Matías Ramón Mellamediante una reorganización de la actual provincia de Santo Domingo.
Las iniciativas son parte de un debate más amplio sobre la creación de nuevas demarcaciones. Un informe publicado por Diario Libre el 13 de octubre de 2026 señala que el Congreso tiene decenas de propuestas para modificar la división territorial dominicana mediante la creación de provincias y municipios.
De 12 provincias a 32: el peso de la historia
tercer mapa
Herrera explicó que la organización territorial del país ha estado ligada tanto a transformaciones demográficas y económicas como a decisiones políticas de los gobiernos de turno.
Recordó que, cuando Rafael Leónidas Trujillo llegó al poder en 1930, el territorio dominicano estaba integrado por 12 provincias. Durante la dictadura se impulsó una reestructuración territorial que, según el historiador, estuvo motivada por dos factores principales: el crecimiento poblacional y el interés del régimen por fortalecer sus mecanismos de control político.
Según sus explicaciones, la población dominicana pasó de aproximadamente 1,48 millones de habitantes en 1935 a 2,1 millones en 1950 y tres millones en 1960.
El investigador también destacó el proceso de urbanización y modernización que vivió el país, especialmente a partir de la industrialización impulsada después de la Segunda Guerra Mundial, cuando diferentes ciudades comenzaron a concentrar servicios básicos, centros educativos y establecimientos de salud.
Sin embargo, sostuvo que las decisiones territoriales durante la dictadura también respondieron a propósitos políticos. En junio de 1938 se crean las provincias de Dajabón, inicialmente denominadas Libertador; Benefactor, hoy San Juan, y Monseñor de Meriño, luego vinculado a Monte Plata, dentro del reordenamiento territorial de entonces.
Intereses políticos versus necesidades de desarrollo
Al abordar los motivos que han impulsado la creación de nuevas provincias tras la dictadura, Herrera consideró que, en numerosos casos, estas iniciativas han servido para favorecer intereses clientelistas y ampliar los espacios de distribución de cargos y recursos públicos.
En su opinión, la creación de provincias, municipios y distritos municipales no siempre responde a estudios que demuestran la necesidad de mejorar los servicios públicos, la planificación territorial o la administración del Estado.
Sin embargo, reconoció que hay excepciones. Citó la creación de la provincia Monseñor Nouel, en 1982, y la importancia económica de la empresa minera Falconbridge como ejemplo de una demarcación cuya relevancia económica ayudó a justificar su establecimiento.
El historiador también señaló que la aprobación de nuevas demarcaciones suele verse favorecida cuando un sector político tiene mayoría en ambas cámaras legislativas.
Santa Lucía y Matías Ramón Mella, bajo el debate legislativo
Entre las propuestas que motivan la actual discusión está la creación de la provincia Santa Lucía, iniciativa presentada por el senador Félix Bautista, que propone convertir a Las Matas de Farfán en cabecera de una nueva demarcación integrada también por El Cercado y Vallejuelo.
La otra propuesta busca constituir la provincia Matías Ramón Mella mediante la reorganización de territorios que actualmente pertenecen a la provincia Santo Domingo.
Ambos proyectos de ley deben pasar por el trámite legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.
Para Herrera, la discusión no debe limitarse a determinar qué comunidades aspiran a convertirse en provincias, sino que debe basarse en criterios demográficos, económicos, sociales y administrativos que permitan evaluar si una nueva división territorial realmente mejoraría la calidad de vida de sus habitantes.
“Indiferencia hacia los intereses nacionales”
Al referirse a las iniciativas que actualmente se debaten, el historiador se mostró especialmente crítico con la actuación de los legisladores.
«Hasta donde yo sé, no se han presentado argumentos para justificar nuevas divisiones territoriales», expresó, al considerar que esta situación evidencia, a su juicio, particulares intereses políticos y deficiencias en el ejercicio de la función legislativa.
Herrera advirtió que República Dominicana ya cuenta con 32 provincias y 158 municipios, por lo que cree necesario examinar con rigor cualquier propuesta que implique ampliar esa estructura.
La discusión plantea interrogantes sobre los costos administrativos de la creación de nuevas demarcaciones, la distribución de recursos públicos, la designación de nuevas autoridades y la capacidad del Estado para garantizar servicios eficientes en todo el territorio.
Más allá de las aspiraciones legítimas de las comunidades que buscan una mayor proximidad a las instituciones públicas, el debate enfrenta dos cuestiones fundamentales: si la creación de nuevas provincias mejoraría la gestión estatal o si, por el contrario, aumentaría la fragmentación territorial sin garantizar resultados concretos para la población.
El desafío para el Congreso Nacional es determinar qué iniciativas están respaldadas por necesidades verificables y cuáles requieren una mayor justificación antes de avanzar en el proceso legislativo.
