El Oficina de Atención Permanente Santo Domingo Este impuso una garantía económica de RD$50,000 en efectivo, presentación periódica e impedimento de salida del país a la psiquiatra Ylsa Emperatriz Quero Cabrera, acusada de su presunta participación en el internamiento involuntario del ingeniero y empresario Juan Francisco López Chapor en un centro de salud mental.
Las medidas coercitivas fueron dictadas este domingo 18 de octubre, luego de que Ministerio Publico solicitó prisión preventiva contra el profesional de la salud, quien se encuentra detenido desde el pasado 14 de octubre.
Según la acusación, quiero cabrera yo hubiera recomendado Nancy Estervina de Jesúsesposa del ingeniero y con quien se encontraba en proceso de divorcio, disponer su ingreso a un centro psiquiátrico sin su consentimiento.
El ingeniero fue trasladado en contra de su voluntad
Según el expediente del Ministerio PublicoEl hecho ocurrió en una empresa constructora propiedad del ingeniero y su expareja, ubicada en el sector. Alma Rosa IIen Santo Domingo Este.
Los fiscales sostienen que otras tres personas habrían participado en el traslado del empresario. Uno de ellos, presuntamente vestido con ropa de enfermería, habría intervenido junto con los demás para someterlo por la fuerza, esposarlo y darle una inyección cuyo contenido se desconoce.
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Posteriormente, el ingeniero fue trasladado al centro de salud mental para su expareja, donde fue localizado dos días después.
Embarazo fue considerado para medidas coercitivas
Héctor Quiñonesrepresentante legal de la víctima, explicó que el estado de embarazo de la psiquiatra, de seis semanas de gestación, fue tomado en consideración por el tribunal al momento de imponer las medidas. Según indicó, el juez entendió que el arresto domiciliario podría afectar los cuidados requeridos durante el embarazo.
- Durante la audiencia, médicos y familiares de quiero cabrera Acudieron al juzgado para expresar su apoyo.
- Él Ministerio Publico La investigación sobre la presunta participación del psiquiatra en el ingreso involuntario del empresario a un centro de salud mental continúa, mientras el caso sigue su curso en los tribunales.
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