La Asociación de Productores y Residentes de Sector Pantoja-La Flores, Junto a productores de Bonao marcharon ayer hacia Palacio Nacional para exigir soluciones a conflictos relacionados a tierras, desalojos y exigir la construcción de una escuela, situaciones que denunciaron afectan a cientos de familias.
Alonzo Manuel Jiménez, presidente de la asociación que agrupa a los productores de Bonao, afirmó que alrededor de 80 viviendas fueron destruidas durante un desalojo realizado en Villa Solador, Bonao, conocida como La Colonia, y sostuvo que el procedimiento se realizó mientras los afectados mantenían abierto un proceso judicial, cuya audiencia está prevista para el próximo mes.
Explicó que los terrenos involucrados corresponden a las parcelas 15 y 12 y parte de sus ocupantes los adquirieron de personas que, según su versión, habrían recibido esos asentamientos durante el gobierno de Joaquín Balaguer.
Jiménez cuestionó que luego aparecieron personas con títulos de propiedad de los terrenos y que el desalojo se realizó mientras los productores permanecían en el lugar. También denunció presuntas acciones irregulares de personas que, dijo, se presentaron como autoridades durante el operativo.
Informó que durante el desalojo fueron destruidas viviendas y otros bienes de los productores, mientras que los afectados, afirmó, no recibieron apoyo de las autoridades locales.
Además, cuestionó la actuación de los policías durante el proceso y apuntó al destacamento de Bonao, alegando que algunos miembros de la Policía habrían apoyado a quienes llevaron a cabo el desalojo.
Exigen escuela
En la manifestación, una comisión de vecinos del sector Pantoja-La Floresta, representada por María Magdalena Rondón, también exigió la construcción de una escuela y un liceo que, según explicó, llevan 14 años esperando.
Rondón señaló que los estudiantes de la zona carecen de espacios adecuados para la recreación y el deporte, por lo que algunos deben realizar recreos y otras actividades en la calle.
También destacó las dificultades que enfrentan las familias para trasladar a los estudiantes a otros centros educativos, particularmente cuando deben asistir a la escuela secundaria.
Los manifestantes indicaron que han acudido a las autoridades en diferentes ocasiones en busca de respuestas, pero aseguraron que hasta el momento no han recibido una solución por parte de la Presidencia de la República.
Ambas comisiones estuvieron acompañadas de miembros de asociaciones de vecinos y representantes de derechos humanos. Con pancartas y consignas, los manifestantes exigieron atención a sus demandas y respuesta de las autoridades a conflictos de tierras, desalojos y necesidades de infraestructura educativa.
