El Congreso Nacional aprobó definitivamente la primera Ley General de Juegos de Azar de la Repúblicaa República Dominicana, introduciendo un riguroso régimen de planificación territorial que prohíbe la instalación de cualquier centro de apuestas dentro de los 500 metros de entornos sensibles.
La medida busca levantar un cerco de protección urbana alrededor de centros educativos, hospitales, iglesias, equipamientos comunitarios y sedes de poderes del Estado.
El nuevo marco legal, impulsado por los senadores Félix Bautista y Pedro Catrain, busca frenar la presencia de establecimientos de apuestas en el entorno de la vida cotidiana de niños, jóvenes y familias.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 de la ley, ningún local, en cualquiera de sus modalidades, desde bancos de lotería hasta salas de juego, podrá funcionar dentro del radio de medio kilómetro delimitado alrededor de escuelas, colegios, universidades, hogares infantiles, centros CAID, cuarteles y centros de salud.
Esta restricción geográfica responde a uno de los problemas más graves generados por la falta de planificación del sector, que registró más de 71.000 plazas autorizadas según una normativa que se remonta a 1964. Al fijar una distancia mínima obligatoria, el legislador busca alejar la exposición directa al juego de los viajes escolares y espacios de culto o de atención sanitaria.
La delimitación de los 500 metros se complementa con una moratoria de diez años que prohíbe absolutamente la emisión de nuevas licencias comerciales para el sector. Con esta combinación de medidas, las autoridades congelan la expansión del mercado y tienen la Margen legal necesario para vigilar la ubicación de los establecimientos existentes y cerrar aquellos que no cumplan con las distancias mínimas exigidas.
Para garantizar el cumplimiento de esta disposición territorial, la ley otorga facultades de inspección y sanción a la recién creada Dirección General de Juegos de Azar. Los propietarios u operadores que abran locales violando el límite de distancia se enfrentarán al cierre inmediato del establecimiento, la revocación de sus permisos y multas de hasta 400 salarios mínimos.
Con esta reordenación del espacio público, la legislación dominicana sienta un precedente en la protección del entorno social, priorizando el bienestar colectivo y evitando que los centros de apuestas sigan proliferando en las proximidades de los centros educativos y de salud del país.
