SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público afirmó este martes que busca la revocación de sentencias absolutorias, así como el aumento de penas para los condenados en primera instancia en el proceso penal por corrupción administrativa seguido contra Juan Alexis Medina Sánchez y los demás imputados por desvío de más de 5.000 millones de pesos del fisco.
La procuradora judicial Mirna Ortiz, titular de la Fiscalía Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aseguró que los equipos de fiscales del Ministerio Público buscan, en nombre de la sociedad, que los imputados reciban sanciones acordes a los hechos cometidos.
“Buscamos las condenas de quienes fueron absueltos y el aumento de penas para quienes fueron condenados, porque entendemos que las penas impuestas por el tribunal no son suficientes en relación a la magnitud del daño social generado por los hechos atribuidos a cada uno de ellos”.
Ortiz, quien representó al Ministerio Público junto a Wilson Camacho, director general de Fiscalía, así como los fiscales Ernesto Guzmán Alberto, Elizabeth Paredes y Yoneivy González, explicó que si bien los fiscales están preparados para conocer el recurso de apelación, la Primera Sala Penal de la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional decidió suspender la audiencia luego de recibir la licencia médica de uno de los imputados.
“Para una próxima audiencia el tribunal ya ordenó a las partes estar listas y esperamos estar presentando y respondiendo las apelaciones que han presentado respecto de la decisión”, explicó.
«Entendemos que será un proceso rápido, los hechos están definidos, las pruebas fueron reveladas en un primer juicio, es decir, esperamos que esto se resuelva rápidamente aquí en los tribunales», dijo.
Los jueces Doris Pujols Ortiz, Rafael Báez e Indhira Montás Pimentel, de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional, que conocen los recursos de apelación de las partes, ordenaron que las audiencias se realicen los días martes de 10:00 de la mañana a 4:30 de la tarde.
El tribunal comenzará con la presentación de los recursos de apelación de los demandados.
La audiencia fue postergada para el martes 15 de septiembre de 2026, a las 10:00 de la mañana.
Decisión de primera instancia apelada
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar, Giselle Soto y Clara Castillo, impuso en agosto del año pasado una pena de 7 años de prisión a Juan Alexis Medina Sánchez y sobrecargó a algunos de los imputados.
En el proceso, Medina Sánchez, quien lideraba la red de corrupción, fue declarado culpable de cohecho en el comercio y la inversión, lavado de dinero, uso de documentos falsos y asociación de malhechores.
El tribunal también condenó a José Dolores Santana Carmona a 6 años de prisión y a 5 años a Wacal Vernabel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista y Paola Mercedes y Víctor Matías Encarnación.
También fueron condenados a pagar 500 millones de pesos al Estado dominicano los imputados Medina Sánchez, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernabel Méndez Pineda, Paola Mercedes y Rigoberto Alcántara Batista y varias empresas.
Asimismo, las empresas Domedical Supply SRL; Combustible American Inc.; Corporaciones de Abastecimiento General SRL; Solución Médica General AM SRL; Kyanred Supply SRL; Suim Proveedores Institucionales Méndez SRL; Corporaciones de Proveedores Unidos SRL; WattmaxDominicana SRL; WMI Internacional SRL; Parque Isla Maravilla SRL; Acorpor SRL; Aceite Icor SRL; Globus Eléctrica SRL; Contratas SolutionServices CSS SRL; Constructora Alcántara Bobea (CONALBO) SRL; Proyectos de Ingeniería y Construcción PIC SRL; Reivasapt Inversiones SRL; Suhold Transporte y Logística SRL.
Juan Alexis Medina Sánchez y los demás condenados deberán cumplir su pena de prisión en los centros correccionales y de rehabilitación de Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en la provincia de San Cristóbal, además de pagar las costas penales del proceso.
En virtud del acuerdo al que llegó con el Ministerio Público, el imputado Víctor Matías Encarnación Montero fue declarado culpable y condenado a 5 años de prisión, ordenándose el tribunal la suspensión de la pena, sujeto a reglas, entre las que se encuentran residir en el domicilio que fue notificado al tribunal. También fue condenado al pago de costas penales y al pago de una multa de 500 mil pesos.
Tanto Fernando Rosa, Carmen Magalys, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén Andújar, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Pachristy Emmanuel Ramírez, Carlos José Alarcón, Libni Arodi Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, José Idelfonso Correa Martínez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez fueron absueltos
Asimismo, las empresas Cemeraf y Editorama fueron absueltas de lavado de dinero y liberadas del pago de las costas penales del proceso.
Respecto de Alexis Medina, el Ministerio Público estableció que los imputados utilizando diferentes empresas en contravención a la Ley 340 obtuvieron innumerables contratos, los hechos impactan al Ministerio de Salud Pública con medicamentos de alto costo, equipamiento hospitalario, al Ministerio de Obras Públicas con material asfáltico y la participación de compras en EdeEste. En la Policía Nacional con combustible por más de 220 millones de los cuales no entregaron un aproximado de 32 millones.
El tribunal pudo constatar que la empresa Fuel América carecía de requisitos básicos para participar en el proceso de compra para el suministro de combustible a la Policía Nacional.
Además, confirmó y constató la implicación de diferentes bombas de la Policía Nacional que completan los más de 32 millones que señaló el Ministerio Público en su acusación.
En la lectura se destacó en relación a la Policía Nacional: “Son asombrosas las anomalías que identificó el juzgado”.
Asimismo, se confirmó que se entregaron sobornos en la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS).
Los jueces rechazaron la exclusión de prueba aportada por el órgano fiscal, estableciendo que en su recolección se cumplió con el debido proceso de ley.
