Un logro del actual Gobierno en sus primeros años fue generar confianza en que se estaba enfrentando la corrupción con determinación. Mediciones elaboradas por Latinobarómetro indicaron en 2024 que el 57% de los dominicanos consideraba que se había avanzado en la reducción de la corrupción estatal, el segundo porcentaje más alto de América Latina.
En 2025, el índice elaborado anualmente por Transparencia Internacional mostró que República Dominicana alcanzó su mejor puntaje histórico y se encontraba entre los dos países de América que habían mejorado significativamente desde 2012.
A pesar de estos resultados, el período de mayor confianza parece haber quedado atrás. Los cuestionamientos surgidos en torno al SeNaSa y al INTRANT, entre otros episodios recientes, introdujeron dudas que no estaban presentes al inicio de la gestión.
El encanto de la noche de bodas ha quedado atrás.
Actualmente, el Gobierno ya entró en la etapa en la que muchos funcionarios enfrentan la inexorable realidad de que su tiempo en el Estado tiene fecha de vencimiento.
La experiencia indica que es en esa parte del camino cuando los fantasmas suelen aparecer y es necesario redoblar la vigilancia.
En materia de corrupción ninguna victoria puede declararse definitiva. Baste recordar que, incluso entre los países de la OCDE, una reciente encuesta de Gallup muestra que en 2025 la mediana de quienes consideraban que la corrupción estaba extendida en sus gobiernos alcanzaba el 59%.
En Estados Unidos, esa percepción alcanza actualmente un sorprendente 89%. Más que un consuelo, esto debería ayudarnos a comprender la magnitud del desafío.
El presidente Abinader tiene dos años para transformar el progreso inicial en la lucha contra la corrupción en un legado creíble y duradero.
