Toda sociedad democrática debería preguntarse con mucha más frecuencia: ¿quién controla a quienes controlan?, especialmente cuando hablamos de instituciones con capacidad de regular, supervisar o limitar las acciones de las personas.
No es una invitación a desconfiar de las instituciones. Es una cuestión de gobernanza esencial. Las instituciones reguladoras existen porque el poder necesita límites. El problema aparece cuando quien recibió el poder de regular también comienza a decidir cuánto puede saber la sociedad sobre lo que está regulando.
Regular una actividad y controlar la información sobre esa actividad son cosas diferentes.
El primero puede responder a una finalidad legítima de protección. El segundo puede afectar directamente la capacidad de los ciudadanos, los medios de comunicación y otros órganos del Estado para supervisar a quien toma las decisiones.
Por lo tanto, la transparencia no debe entenderse como una concesión de las instituciones a los ciudadanos ni como una práctica destinada únicamente a mejorar la confianza pública. Su función es mucho más profunda: permitir observar el ejercicio del poder y, por tanto, cuestionarlo. Sin información suficiente no hay una supervisión eficaz; Sin supervisión no hay verdadera rendición de cuentas.
Por supuesto, hay información que puede protegerse legítimamente. La privacidad, determinadas investigaciones, la seguridad u otros intereses legalmente protegidos pueden justificar restricciones. Pero precisamente porque existen excepciones legítimas, deben estar claramente definidas, justificadas, proporcionadas y sujetas a revisión independiente.
La confidencialidad no puede convertirse en una herramienta para decidir qué es conveniente que la sociedad sepa.
Desde una perspectiva de gobernanza, tampoco basta con preguntar si una autoridad tiene competencia legal para tomar una decisión. Debemos preguntarnos cómo ejerce esta competencia, bajo qué criterios, con qué controles y ante quién rinde cuentas. Tener una autoridad legal no equivale a tener un poder ilimitado.
Esta distinción es especialmente relevante en el cumplimiento. Un sistema de control que monitorea a quienes están sujetos a él, pero no establece mecanismos para revisar las acciones de quienes administran ese control, tiene una vulnerabilidad estructural. Por eso existe segregación de funciones, supervisión independiente, trazabilidad de las decisiones, gestión de conflictos de intereses y mecanismos de revisión.
En el ámbito público ocurre exactamente lo mismo. Una autoridad puede necesitar autonomía para cumplir su función, pero autonomía no significa ausencia de controles. De hecho, cuanto mayor sea la capacidad de una institución para afectar derechos, imponer obligaciones, sancionar conductas o gestionar información de interés público, mayor deberá ser la calidad de los mecanismos destinados a supervisarla.
Los contrapesos institucionales no parten de la premisa de que toda autoridad actuará de mala fe. Parten de una realidad mucho más simple: quienes ejercen el poder son seres humanos y, por tanto, pueden cometer errores, desarrollar sesgos, afrontar conflictos de intereses o interpretar su propio rol de forma excesivamente amplia.
Una institución fuerte no es aquella que garantiza que nadie cuestione sus decisiones, sino aquella que puede ser cuestionada sin amenazar su funcionamiento. Podrás explicar tus acciones, documentar tus criterios, someterte a auditorías y aceptar que determinadas decisiones sean revisadas o corregidas.
Aquí la pregunta adquiere toda su dimensión: ¿qué sucede cuando quienes tienen la obligación de proteger el interés público también comienzan a decidir qué puede saber el público sobre la forma en que ejercen esa responsabilidad?
Un ciudadano no puede supervisar lo que no puede saber. Y una sociedad no puede ejercer un control democrático sobre decisiones cuya información sigue siendo inaccesible por decisión de quienes tomaron esas mismas decisiones.
La información pública no debe entenderse como propiedad de quien ocupa temporalmente un puesto de autoridad. Quien administra una institución es el custodio de la información que genera en el ejercicio de sus funciones, no su propietario.
Por tanto, la verdadera institucionalidad no se demuestra por la cantidad de poder que una autoridad puede ejercer, sino por la existencia de mecanismos capaces de impedir que ese poder se convierta en discrecionalidad.
Al final, una institución no demuestra su fuerza por la cantidad de poder que concentra, sino por los límites que acepta. Y estos límites son aún más importantes cuando se trata de decidir qué puede saber la sociedad de la información sobre el ejercicio de ese poder.
Si quien tiene la responsabilidad de controlar también puede decidir qué podemos saber sobre lo que controla, algo empieza a desdibujarse. Ya no hablamos sólo de regulación. Estamos hablando de quién tiene la capacidad de gestionar la información, de establecer los márgenes de la discusión y, en definitiva, de determinar hasta dónde puede llegar el escrutinio público.
Por eso la pregunta queda ahí, incómoda y necesaria: ¿quién controla a quien controla?
Una institución verdaderamente fuerte no teme esa pregunta. Él la necesita. Sabe que ser observada, auditada, cuestionada y, en su caso, corregida no debilita su autoridad. Al contrario: es precisamente lo que la legitima.
