El Ministerio Público solicitó este lunes que se cumplan 18 meses de prisión preventivacomo medida de coacción, a los tres imputados en el proceso por el daño realizado contra la Junta Cibaeña Contra el Cáncer que se aprovechó del Instituto Regional de Oncología del Cibao (IORC), al sustraer, mediante diversas maniobras fraudulentas, fondos millonarios del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), en perjuicio de los pacientes oncológicos del régimen subsidiado y del Estado dominicano.
En la demanda presentada ante la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente de Santiago, el Ministerio Público solicita que el caso se declara complejo y que la medida privativa de libertad se imponga contra Héctor Antonio Lora Crucetaexpresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC.
Además, contra Luisa Yasiris Guzmánactual esposa de Lora Cruceta, y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acología.
Asimismo, contra Dilcia Isabel Vargas Sánchezex esposa de Lora Cruceta, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, y, al mismo tiempo, se desempeñó como auditor interno y externo del directorio que administra el Instituto Regional de Oncología del Cibao cuando el imputado era presidente de la mencionada ASFL.
La medida fue presentada por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), representada por su titular Mirna Ortiz, junto a los fiscales generales de la Corte de Apelaciones Héctor Joel García Acevedo y Quirsa Abreu Peña, titular interina de la Fiscalía de Santiago, y los procuradores fiscales Rosa Alba García, Yudelka Holguín Liz, Enmanuel Ramírez Sánchez, Alexis Piña Echavarría y Ernesto Guzmán Alberto.
Los acusados fueron detenidos durante el Operación Onco14encabezada por la Dirección General de Fiscalía del Ministerio Público, la Fiscalía Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago.
Los imputados y las sociedades Vargas Lora & Asociados (hoy Centro de Contabilidad Vargas Guzmán) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acología sustrajeron los fondos a través de distintos mecanismos fraudulentos.
La investigación aborda hechos delictivos como fraude clínico y farmacéutico mediante el cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa y entrega incompleta de medicamentos.
Además, la prohibición de las donaciones gratuitas de medicamentos, la venta de medicamentos donados, el contrabando con exenciones fiscales y el tráfico de sustancias controladas.
Asimismo, el uso de salas de oncología para realizar cirugías estéticas, gastos de representación ilegítima y reembolsos fraudulentos de viáticos y hoteles, así como sabotaje digital, robo de archivos y lavado de dinero.
El operativo Onco14 se llevó a cabo con la colaboración de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), y permitió incautar dinero en efectivo, un arma de fuego, documentos, vehículos, títulos de propiedad, computadoras, teléfonos celulares y DVR, entre otros.
El grupo tendrá que afrontar cargos de asociación de malhechores, fraude al Estado, cohecho, delitos de alta tecnología (acceso ilegal, clave de acceso) y blanqueo de capitalesen perjuicio del Estado dominicano.
El Ministerio Público explicó que Lora Cruceta fue elegida presidenta del IORC el 9 de octubre de 2018 y, aunque los estatutos establecen que debe ocupar el cargo por dos años, permaneció en el cargo hasta el 6 de octubre de 2025.
La estructura fraudulenta también contó con la participación de otros empleados y partes relacionadas, quienes actuaron concertadamente con el propósito de sustraer fondos recaudados por el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, destinados a la atención médica de pacientes oncológicos atendidos en el IORC.
Tales acciones fueron realizadas en perjuicio del Estado dominicano y de los miembros del SeNaSa, mediante la ejecución de diversas maniobras y modalidades fraudulentas.
La IORC, fundada en octubre de 1964, está bajo la administración de la Junta Cibaeña. La entidad se dedica a la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes con cáncer y enfermedades afines en toda la región del Cibao.
Mediante acta de Asamblea Ordinaria de fecha 9 de octubre de 2018, se designó al imputado Héctor Antonio Lora Cruceta presidente de la Junta Directiva y del Patronato, mientras que la imputada Dilcia Isabel Vargas Sánchez fue designada vicepresidenta.
Las acciones descritas demuestran el interés del imputado Héctor Antonio Lora Cruceta en controlar la IORC, únicamente con el fin de utilizar sus recursos económicos y aprovechar los aportes estatales destinados al tratamiento de pacientes afectados por el cáncer.
