SANTO DOMINGO.- La organización apartidista capítulo dominicano de Transparencia Internacional, informó quién se opone a la nueva política, aprobada por el Poder Judicial Como regla general, aplicable incluso por defecto, que permite la eliminación o reemplazo de toda la información que puedan identificar o hacer identificable a cualquier persona física.
Explicó que ayudará a invisibilizar a los infractores de la ley ante la sociedad, especialmente los corruptos, generando impunidad y mayor corrupción. Esta medida pretende revertir el principio de que la transparencia es la regla y la privacidad es la excepción.
«La Constitución es clara al establecer como parte de la tutela judicial efectiva y del debido proceso que los juicios serán públicos, lo cual no sólo es una garantía que protege al imputado, sino también a la sociedadtransparentar lo que sucede en los juicios, especialmente los de carácter penal. La publicidad de los juicios debe incluir la identificación de jueces, fiscales, abogados, notarios, alguaciles, secretarios judiciales, asistentes y todo el personal relacionado, pero también de las partes en el proceso, imputados, demandantes, víctimas, actores civiles, así como de testigos e informantes, con las excepciones pertinentes para proteger a los menores y a las personas vulnerables», indicó.
Asimismo, manifestaron que el acceso a los expedientes de las causas judiciales corresponde no sólo a las partes en el proceso, sino a cualquier ciudadano y en especial a los medios de comunicación, para garantizar el derecho a la información y libre expresión. Contrariamente a este principio, la nueva política establece restricciones para terceros, término que incluye a la prensa y a los ciudadanos.
Participación Ciudadana sostiene que cualquier conflicto entre el derecho a la información y expresión y el derecho a la privacidad debe, como regla general, resolverse a favor de la transparencia, especialmente cuando se trata de funcionarios y bienes públicos, con las debidas excepciones. , quien debe ser muy puntual.
Según la nueva normativa del Poder Judicial, la lista de datos personales sujetos al anonimato es tan amplia, que incluye incluso la cédula de identidad y la cédula electoral, que se requiere para realizar múltiples operaciones privadas y permite diferenciar a personas con el mismo nombre. Esta política intenta basarse en la experiencia de otros países, olvidando que estos países han alcanzado un nivel de desarrollo institucional, incluido el sector de la justicia, que nuestro país aún no logra.
Participación Ciudadana expresa su preocupación porque esta medida se da en momentos en que el país tiene el gran desafío de combatir la corrupción, el crimen organizado, así como delitos tan graves como la trata de personas, el lavado de dinero, los feminicidios y la pederastia. , que tanto daño hacen a la sociedad. Llama al Poder Judicial a retirar esta norma, pues es un duro golpe a los esfuerzos que amplios sectores han realizado para sacar a nuestro país de una larga historia de corrupción e impunidad.
En particular, existe preocupación de que la política de protección de datos del poder judicial pueda servir como apoyo para que los jueces impidan que los ciudadanos y la prensa accedan a la información, un logro fundamental en un régimen democrático y en países con bajos niveles de transparencia. .
