El Coalición por la Transparencia del Financiamiento Político solicitó al Comité Nacional contra el Lavado de Dinero, incluir partidos, candidatos y movimientos como sujetos obligados dentro del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales.
Con este pedido, sectores de la sociedad civil volvieron a poner el dedo en la llaga, advirtiendo que el sistema dominicano aún presenta grietas peligrosas, debido a los crecientes cuestionamientos sobre la transparencia en el financiamiento de los partidos y el riesgo de que dinero ilícito financie las campañas electorales.
La solicitud busca cerrar el camino al dinero sucio en la políticaen un contexto donde según la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, existen Altas amenazas de narcotráfico y corrupción..
«Por lo tanto, ejecutar esta petición de la sociedad civil sería una señal sólida de integridad y compromiso de nuestro Gobierno para impedir que el dinero del narcotráfico siguen permeando el sistema político dominicano«destacó Ricardo Galara María, de la coalición.
«También es el límite de gasto de campaña. es demasiado alto y caro Campaña en República Dominicana. Ese límite de gasto para ser presidente, se pueden gastar más de mil millones de pesos sin real controles o inspecciones«advirtió Leidy BlancoCoordinadora de Participación Ciudadana.
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Advierten que dinero ilícito puede infiltrarse en campañas, influir en las decisiones públicas y luego regresan como contratos o beneficios por parte del Estado, un círculo que aseguran termina legitimar el capital ilegal.
«La coalición solicita a la Junta Central Electoral que fortalecer sus controles y supervisión sobre el gasto en campañas políticas y sobre cumplimiento que los nuevos sujetos obligados propuestos por la coalición deberán ejercer«él pidió Galara María.
«¿Cómo es posible que una persona que es precandidato, candidato, que va a tener mayor responsabilidad, transparencia, fiscalización, No te hagas responsable? Si queremos mejorar la calidad de la representación, trabajemos en los mecanismos«, declaró blancode Participación ciudadana.
Actualmente, la Ley 33-18 regula el financiamiento de los partidos, pero deja fuera a candidatos y precandidatos… mientras que la Ley 155-17 establece controles antilavado, pero no incluye a los actores políticos.
