SANTO DOMINGO.– La sociedad civil expresa preocupación para la variación de la medida coercitiva dictada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Distritoa los imputados en el caso Transcore Latam.
Participación Ciudadana insta al Ministerio Público a apelar la decisión ya que considera que el imputado Jochi Gómez debió mantenerse en prisión preventiva.
Luego de que los jueces Isis Muñiz, Luis Jiménez y Delio Germán variaran la prisión preventiva de Hugo Beras, Jochi Gómez y Pedro Padovany, la sociedad civil mostró preocupación y consideró errónea la decisión.
Asimismo, indican que el expediente depositado por el ente investigador relata indicios graves como el tema de seguridad nacional.
También valoraron el voto disidente de la jueza Isis Muñoz.
Según el Ministerio Público, los citados imputados son responsables de desviar más de 1.300 millones de pesos en el Intrant a través de un contrato con la empresa Transcore Latam, propiedad de Jochi Gómez, para la modernización de la red de semáforos, del cual el monto pagado asciende a más de 263 millones, equivalente al 20%.
Abogados de los imputados realizan los trámites para su liberación del penal de Najayo.
