Santo Domingo. – El Senado de la República aprobó y declaró urgente en dos lecturas consecutivas, las modificaciones a la ley número 225-20, Ley General de Gestión y Procesamiento Integral de Residuos Sólidos de la República Dominicana.
El proyecto fue presentado por los senadores Ramón Rogelio Genao Durán de la provincia de La Vega; y Ginnette Bournigal de Jiménez de Puerto Plata.
Esta pieza tiene como propósito fortalecer el marco regulatorio para la gestión integral y sustentable de los residuos sólidos, modificando los artículos 4, en los numerales 11, 38 y 39; y se añaden los numerales 21-bis, 26-bis y 47-bis. También modifica los artículos 16 y 17 de esta ley con el fin de mantener la armonía entre el hombre y su entorno, y prevenir, corregir, corregir o eliminar situaciones que pongan en riesgo la calidad de los recursos naturales y la biosfera.
La iniciativa señala que desde la sanción de la Ley 225-20, Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, no se han logrado grandes avances en la reducción del impacto ambiental de los residuos sólidos, sin embargo, persisten desafíos en su implementación. gestión integral eficaz de los mismos.
La normativa establece que la gestión integral y disposición final de los residuos es uno de los principales pilares de la Ley N° 225-20, ya que el aumento de la población, junto con los cambios en los patrones de consumo, ha provocado un aumento en la cantidad de residuos generados. en el país. En virtud de ello, es necesario adoptar medidas que garanticen la conservación de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado para las generaciones presentes y futuras.
El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica la Ley-358-05, sobre Ley General para la Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario.
Esta norma tiene por objeto modificar varios artículos para establecer un régimen de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, garantizando la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, ya sean de derecho público o privado, nacional o extranjera, y la calidad de los productos consumidos por la población.
La pieza presentada por el senador de la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, señala que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR), como organismo del Estado destinado a garantizar los derechos fundamentales de las personas y su acceso a bienes de calidad servicios y alimentos, debe poseer las cualidades administrativas que le otorguen la facultad sancionadora necesaria, abogando así por la eficacia en la aplicación de la ley y el beneficio colectivo.
En segunda lectura, el Pleno aprobó el proyecto que designa el Bulevar Turístico Atlántico con el nombre de Theodore Chasseriau, desde el cruce Catey, en el municipio Sánchez, hasta el cruce Limón, con la carretera Samaná, en la provincia de Samaná. , propuesta del senador Pedro Manuel Catrain.
