Santo Domingo.– El jurista Dionisio Ortiz Acosta informó que el Corte Suprema de Justicia acaba de emitir una nueva sentencia que confirma definitivamente el litigio temerario de María Amelia Hazoury y sus abogados, validando que sus acciones constituyeron un uso indebido y abusivo del sistema judicial.
Ortiz Acosta especificó que el Primera Habitación del Corte Suprema de Justiciaa través de la oración SCJ-PS-26-0444confirmó la validez de la ordenanza 504-2025-SORD-0395lo que declara la Sra. Hazoury y sus abogados: Lilia María Fernández León, Mariel María León Lebrón y Joel del Rosario Alburquerquedesde la oficina León y Rafulquien preside Eric Raful. Indicó que este fallo consolida definitivamente un patrón de actuaciones procesales abusivas previamente sancionadas por diversos tribunales.
Explicó que, con esta decisión, la máxima instancia judicial del país cierra cualquier espacio de discusión sobre la ilegalidad del accionar de la señora. Hazoury y sus abogados, al quedar definitivamente establecido que se trató de un uso abusivo e indebido de la vía judicial.
Destacó que esta sentencia del Corte Suprema de Justicia También refuerza y convalida la sanción disciplinaria previamente impuesta por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la República Dominicana (TARJETA), que suspendió del ejercicio profesional a los abogados involucrados por un año, cerrando el círculo institucional respecto de estas acciones.
Según el fallo, el conflicto tiene su origen en una serie de acciones judiciales interpuestas contra Inmobiliaria Don Juan, SRLempresa que acudió a los tribunales solicitando el levantamiento de oposiciones de pago interpuestas sin fundamento legal, logrando que dichas medidas fueran declaradas improcedentes y que sus promotores fueran catalogados como litigantes temerarios.
“Esta decisión es importante porque es la culminación de uno de los muchos procesos que involucran Don Juan Bienes Raícesque es una empresa comercial propiedad de la familia del Sr. Juan Rafael Llaneza Gilla cual se ve afectada por el litigio interpuesto por la Sra. María Amalia Hazoury en el municipio de el romano”, afirmó.
Ortiz Acosta Indicó que el alcance de este fallo va más allá del caso específico, al establecer un criterio claro sobre cómo deben ser tratados este tipo de acciones en los tribunales del país.
“Esta decisión marca una pauta respecto del tratamiento que se debe dar tanto en la jurisdicción civil como en la Tribunal de Tierras a las demás acciones promovidas por las damas Hazoury y sus abogados”.
En ese sentido, sostuvo que la decisión del Corte Suprema fortalece la seguridad jurídica y envía un mensaje claro sobre los límites del ejercicio del derecho.
“Don Juan Bienes Raíces “Se siente satisfecha con la correcta aplicación de la justicia, con criterios uniformes que garanticen la seguridad jurídica”, afirmó.
El jurista concluyó señalando que, con esta decisión, se consolida un criterio firme del sistema judicial dominicano contra el uso abusivo de los tribunales, reafirmando que los cauces legales no pueden ser utilizados como mecanismos de presión o de afectación a terceros y que las instituciones están obligadas a actuar cuando se violan los principios básicos del debido proceso.
