Editorial.- Se dicta prisión preventiva como medida de coerción a siete de los 10 involucrados en la Operación Pandora, presunta red criminal que robó proyectiles a la Policía Nacional.
Para los demás implicados, arresto domiciliario y garantía económica.
Respecto a las medidas adoptadas por el Tribunal, el titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, explicó que, de las 10 personas imputadas, además de una persona jurídica, se impuso prisión preventiva a 7 de el acusado.
Además, se ordenó arresto domiciliario para otro de los involucrados, medida que, según Camacho, fue solicitada previamente por el Ministerio Público. Asimismo, el Tribunal determinó que otros dos imputados, Víctor Santos y Ángel Gómez, deberán pagar una garantía económica de 3 y 2 millones de pesos, respectivamente, además de un impedimento de salida del país y la obligación de realizar visitas periódicas.
Asimismo, expresó su satisfacción por la decisión del Tribunal en el caso en cuestión. Destacó la forma en que la Corte valoró la gravedad de los hechos presentados durante el proceso. «Estamos satisfechos con la decisión de la Corte y con la forma en que se ha evaluado la importancia de los hechos en este caso», dijo Camacho.
Camacho destacó que la prisión preventiva fue la medida más comúnmente aplicada, reiterando el compromiso de la Procuraduría General de la República con la persecución de la corrupción administrativa y la lucha por la justicia en casos de gran relevancia social.
sobre el caso
En la solicitud de medida coercitiva presentada por el Ministerio Público ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, señala que los oficiales y agentes policiales involucrados en la Operación Pandora, además de supuestamente robar y vender municiones del arsenal policial, también ofrecieron armas, vía WhatsApp.
En ese sentido, la única imputada civil está dispuesta a colaborar con las autoridades respecto de su relación con la presunta participación en el robo de más de 900 mil proyectiles de los depósitos de la Policía Nacional.
A los imputados se les atribuye haber obtenido aproximadamente 65 millones de pesos por las más de 900.000 municiones robadas y vendidas a bandas criminales.
El documento contra los imputados en la Operación Pandora detalla que el coronel Narciso Antonio Feliz Romero había adquirido un jeep Kia Sorento e iniciado la construcción de un inmueble en Bonao, provincia Monseñor Nouel, como resultado de estas actividades ilícitas.
Mientras tanto, las municiones sustraídas del arsenal de la Policía Nacional tienen distintos niveles de letalidad. Según el organismo investigador, en la auditoría realizada faltaron cartuchos utilizados para lanzagranadas, armas de guerra, rifles de asalto y rifles de francotirador.
