SANTO DOMINGO.– El La organización Participación Ciudadana (PC), advirtió este jueves que la implementación de la política de Protección de Datos aprobada por la Corte Suprema de Justicia (SCJ), Podría tener consecuencias negativas al favorecer a los grupos del crimen organizado y la corrupción administrativa en lugar de beneficiar a los ciudadanos en general.
“Este tipo de medidas pueden ser peligrosas, ya que no benefician al 90% de la población, sino al 5% del crimen organizado y la corrupción administrativa, favoreciendo la invisibilidad de las personas que infringen la ley”, afirmó. Francisco -Pancho- Álvarez durante la entrevista central de El Despertador.
Álvarez aseguró que, aunque no cree que haya mala intención detrás de la iniciativa, podría tener efectos negativos en la transparencia del sistema judicial.
Dijo que en un país como República Dominicana, donde las instituciones aún están en desarrollo, esta política podría tener graves consecuencias.
“El derecho a la información, la libertad de expresión y la libertad de prensa deben prevalecer sobre el derecho a la privacidad, especialmente en nuestro contexto”, afirmó.
Álvarez explicó que el Poder Judicial actuó correctamente al poner a disposición de la ciudadanía el proyecto de política para recibir opiniones, sin embargo, reconoció que en su momento no se le dio la suficiente atención al tema.
El diputado del PC dijo que luego de revisar el documento encontró que la política podría estar mal aplicada, lo que afectaría la transparencia de los procesos judiciales, que según la Constitución deben ser públicos.
Según Pancho Álvarez, la normativa invierte la jerarquía entre el derecho a la privacidad y el derecho a la información.
«El derecho a la información y a la transparencia debe ser la regla, y el derecho a la privacidad debe ser la excepción. Con esta política la privacidad pasa a ser la regla y el acceso a la información es la excepción«, explicó.
Álvarez llamó al Consejo de la Judicatura a reevaluar esta política, subrayando la importancia de que los expedientes judiciales sean accesibles a la prensa y a la ciudadanía.
Aclaró que la política de protección de datos no sólo afecta a la Corte Suprema de Justicia, sino a todos los tribunales del país.
