Santo Domingo. – Tras la sentencia N° TC-0788/2024 emitida por el Tribunal Constitucional (TC) el 13 de diciembre de 2024, se habilita el concepto de candidatura independiente, establecido en la legislación desde 1923, a través de una figura jurídica que crea grupos cívicos o de ciudadanos, pero sin regulación alguna, indicando que serán espontáneas y sin ningún requisito previo para su inscripción.
Esta decisión genera desigualdad respecto de todas las demás personas jurídicas que operan en el país, incluidos partidos, movimientos y agrupaciones políticas, todas sujetas a un régimen jurídico específico.
Esta decisión del TC ha generado un debate sobre si el TC se salió de su competencia, entrando en un campo que constitucionalmente corresponde al Congreso Nacional, como es la regulación por ley orgánica de los derechos fundamentales.
Respecto a las candidaturas independientes hay varios elementos a tener en cuenta, como evitar un trato privilegiado frente a las candidaturas de los partidos políticos.
El requisito creado por el citado fallo, de que para que una candidatura independiente sea aceptada debe reunir el apoyo de electores que representen al menos el 2% del total de votos válidos emitidos en las últimas elecciones en el distrito electoral en el que competirá. , puede ayudar a evitar el registro masivo de candidatos, pero al mismo tiempo genera el riesgo de que estos candidatos sólo puedan ser perseguidos por personas con abundantes recursos económicos, especialmente aquellos que manejan dinero sucio. Muchos otros aspectos relacionados con la presentación, elección y sustitución en caso de ser necesario, deberán estar establecidos en la legislación.
En este sentido, Participación Ciudadana propone que la Junta Central Electoral, haciendo uso de su facultad constitucional de iniciativa en la formulación de leyes, elabore un proyecto de ley en esta dirección y lo presente al Congreso Nacional, previa consulta con los partidos políticos y la ciudadanía.
