Santo Domingo. – El movimiento cívico Participación ciudadana presentó su octavo informe de seguimiento de casos de gran corrupción administrativa, centrado en el proceso judicial contra Jean Alain Rodríguez y otros imputados, en el que advierte sobre demoras prolongadas y el riesgo de extinción de la acción pública.
Según el documento, las medidas coercitivas fueron dictadas el 14 de julio de 2021, por lo que el proceso cumplirá cinco años en julio próximo.
El juicio preliminar Duró casi dos años, con un total de 95 audiencias, mientras que el juicio de fondo, previsto inicialmente para el 23 de septiembre de 2024, ha sido pospuesto 22 veces en un período de 18 meses.
La organización señala que durante estas audiencias no se ha conocido el fondo del caso, debido a la reiterada presentación de incidentes por parte de los imputados, lo que contraviene lo establecido en el artículo 305 del Código Procesal Penallo que establece que estas cuestiones deberán resolverse en un solo acto sin afectar el desarrollo del juicio.
Participación Ciudadana advirtió que este tipo de prácticas dilatorias pone en peligro la continuidad de los procesos, ya que podría provocar la terminación de la acción penal al cumplirse la duración máxima sin sentencia firme.
Sin embargo, el informe reconoce que tanto Corte Suprema de Justicia como Corte Constitucional han establecido que estos plazos deben ser razonables y ajustados a la complejidad del caso, la conducta de las partes y la actuación de las autoridades judiciales, siempre que exista una justificación válida para las dilaciones.
Un año y ocho meses después de convocado el juicio de fondo, El proceso aún no ha comenzado formalmente, lo que, según la entidad, refleja las debilidades estructurales del sistema judicial para sancionar oportunamente los casos de corrupción.
En ese contexto, La organización también cuestionó la capacidad del sistema para aplicar las sanciones contempladas en el nuevo Código Penal.que incluye por primera vez el delito de corrupción con penas de entre tres y 20 años de prisión, señalando que el actual régimen sancionador aún no ha sido efectivamente ejecutado.
Finalmente, Participación Ciudadana insistió en la necesidad de fortalecer el sistema de justicia para evitar la impunidad y garantizar respuestas oportunas en los casos de corrupción que han marcado la agenda pública en las últimas décadas.
