Por: Cuevas arenosas
Redacción.- Además de la falta de aulas y cuotas para estudiantes de escuelas populares, en varios sectores, los padres denuncian la venta de uniformes escolares, como en la escuela secundaria de San Francisco de Asís, en Santo Domingo Este, o el aumento en las tarifas de registro en las escuelas públicas, como en el Centro Educativo Celina Pellier, en los Mameyes.
Los padres de estudiantes del San Francisco de Asís de los Frailes Lyceum, como Dany Suero, que apenas gana de día a día, es indignante tener que pagar entre 400 y 900 pesos por uniformes que deberían ser gratuitos.
«Los uniformes han aumentado, están abusando de un punto de vista de disco sobre el sello, los pantalones y los pantalones que tienes que buscar 900 pesos, algo así, ¿me entiendes? Así que creo que deben detenerse con eso», dijo Dany Suero, padre de estudiantes del centro.
Otras madres como María se aseguran de que la situación no se limite a uniformes: en el San Francisco de Asís Lyceum también exigen comprar calígrafos y otros materiales, lo que se convierte en una carga adicional para aquellos que tienen más de un hijo inscrito.
«Los uniformes no pueden ser, el presidente les da y eso está mal», dijo Diana María.
«Prácticamente están vendiendo los uniformes y luego aquí todos los que están aquí son pobres y todos los niños que engañan allí son pobres y son hijos de personas pobres», dijo Dany Suero, uno de los padres de la comunidad.
Según la dirección del Liceo, los precios de los uniformes varían entre 400 y 850 pesos, dependiendo del tamaño, y se exhiben en maniquíes dentro del equipo, como si fuera una tienda comercial, algo que para los padres contradice la naturaleza libre de la educación pública.
«Si es para venderlo, está mal, y si es del estado, es porque también nos toca», agregó Wilmen León.
Mientras tanto, en el Celina Pellier Educational Center, en el Mameyes, los padres denuncian que la tarifa de registro pasó de mil a dos mil pesos.
Los padres solicitan a las autoridades del Ministerio de Educación que investiguen estos cargos que consideran irregulares para garantizar que la educación pública sea realmente gratuita y accesible.
