Santo Domingo.- una investigación deMinisterio Publico sobre un presunto plan de fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) identificado 4.363 autorizaciones médicas presuntamente fraudulentaspor una cantidad acumulada de RD$41,125,551.02según orden judicial que autorizó registros en 37 ubicaciones vinculados a médicos, exempleados y otras personas investigadas.
El documento indica que las autorizaciones correspondieron a Cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas. solicitados entre enero de 2021 y febrero de 2025, utilizando datos reales de afiliados que, según la investigación, no solicitaron ni recibieron estos servicios.
- La investigación cuenta 4.363 autorizaciones por más de RD$41.1 millones.
- La orden permite redadas en 37 ubicaciones y la incautación de documentos, dinero y equipos electrónicos.
La orden, emitida el 15 de septiembre por el Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacionalaceptó una solicitud presentada por el titular de la Fiscalía Especializada en Persecución de Corrupción administrativa (pepa), mirna ortiz.
Afiliados negaron haber recibido servicios
Según el expediente, el Ministerio Publico se entrevistó a afiliados cuyos datos habrían sido utilizados para solicitar autorizaciones, facturar trámites y obtener pagos. Estas personas aseguraron que No recibieron servicios médicos y que tampoco reconocieron como suyas las firmas colocadas en los documentos de reclamación.
La investigación sostiene que el mecanismo incluía el acceso a información confidencial de los asegurados, la elaboración de formularios con diagnósticos y procedimientos que no se habían realizado y la falsificación de firmas para dar apariencia de legalidad a las reclamaciones.
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El archivo identifica Ángel Luis Guzmán Vásquezex empleado del Departamento de Autorizaciones Médicas del SeNaSa, como una de las principales personas investigadas. Según la acusación preliminar, habría aprovechado su conocimiento de protocolos internos para gestionar autorizaciones utilizando datos de afiliados y códigos de proveedores médicos.
La orden también menciona como investigados a varios profesionales de la salud, entre ellos Adriano Hernández López, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Rafael Mauricio Cabral González, Einstein Rafael Borrome Valdez, Wellington Arístides Ledesma Cáceres, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Steven Alexander Rabassa Fernández y Eulalia Fiordaliza Castro López.
Experiencia de la Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó, en varias formas analizadas, que las firmas atribuidas a afiliados no correspondían con sus firmas realescomo se indica en la resolución.
La investigación rastrea transferencias y distribución de fondos
El Ministerio Público sostiene que, luego de recibir pagos del SeNaSa, algunos de los médicos investigados habrían dado a luz entre 40% y 60% de las cantidades recaudadas a otros miembros de la supuesta red, mediante efectivo o transferencias bancarias.
Entre los movimientos analizados se encuentra un relato atribuido a Guzmán Vásquez que recibió RD$27.3 millones en transferencias entre 2020 y 2025según el análisis financiero citado en el expediente.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por el SeNaSa el 28 de noviembre de 2024tras detectar irregularidades en las autorizaciones de procedimientos y consultas médicas. Inicialmente, la institución reportó operaciones sospechosas por algunos RD$40 millones.
La orden judicial autoriza allanamientos en propiedades vinculadas a los investigados, así como el secuestro de Teléfonos, equipos electrónicos, documentos físicos y digitales, facturas, archivos, efectivo y otras pruebas. relacionado con el proceso.
También permite la extracción y análisis de información almacenada en dispositivos ocupados. La autorización judicial tiene un plazo de ejecución de 15 dias desde su emisión.
«Las personas identificadas en la resolución mantienen la condición de investigado o imputado, según corresponday los hechos descritos son parte de una investigación en curso que debe ser conocida por los tribunales.
