Santo Domingo. – Durante la audiencia solemne para el 180 aniversario de la Constituciónel juez del Tribunal Constitucional José Alejandro Ayuso, Destacó el derecho a la propiedad privada de los ciudadanos dominicanos, que definió como «un derecho fundamental consagrado en la Constitución y las leyes del país».
Ayuso recordó que el derecho a la propiedad está protegido por el Estado y juega un papel esencial en el desarrollo económico y social de la nación.
En su intervención, el juez explicó que el derecho a la propiedad permite a cada persona el uso exclusivo de sus bienes y su disposición, mientras que el Constitución y diversos tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana. Reconocen este derecho como universal.
Sin embargo, Ayuso señaló que el derecho a la propiedad no es absoluto y puede estar sujeto a restricciones, siempre que existan causas justificadas de interés público. En estos casos, el El Tribunal Constitucional ha establecido medidas para garantizar que las limitaciones sean mínimas, respetando el debido proceso, el derecho a la tutela judicial efectiva y al pago justo de los bienes afectados.
El magistrado también destacó que el Tribunal Constitucional ha validado la facultad del Ministerio del Interior y de la Policía para limitar la tenencia de armas de fuego cuando su propietario enfrenta un proceso penal, especialmente en casos de violencia doméstica. Esto responde a la necesidad de proteger la seguridad nacional y la vida de las personas.
«El derecho a la propiedad es un arma de fuego.«Está condicionado y retenido porque es un instrumento capaz de poner en riesgo la seguridad nacional, la integridad personal y el derecho a la vida», afirmó.
En casos anteriores, el alto tribunal ha emitido fallos que subrayan la importancia de la propiedad privada. Uno de estos fallos obligó al Instituto Nacional de la Vivienda a devolver un inmueble cedido y titulado a sus legítimos dueños tras determinar que hubo una acción arbitraria.
Ayuso señaló que la propiedad privada, respaldada por la actual constitución, es un pilar fundamental en el sistema económico de República Dominicana, especialmente en la promoción del acceso a propiedades tituladas para las personas de menores recursos.
«La Constitución recién proclamada seguirá siendo la piedra angular del sistema económico, máxime si el Estado continúa la política de promover el acceso a la propiedad inmobiliaria titulada para las personas con menos recursos, como quiere y manda el Estado Social y Democrático de Derecho, fundado sobre el respeto a la dignidad humana», concluyó el magistrado en su intervención.
