Santo Domingo.- Siete organizaciones de derechos humanos, feministas, antirracistas y de izquierda escribieron una carta a la procuradora general de la República, Miriam Germán, solicitando a la institución bajo su dirección informar a la sociedad dominicana sobre qué acciones se han tomado para investigar y llevar a cabo ante la justicia a los responsables de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las personas de raza negra.
Las entidades consideran que se han afectado garantías constitucionales y la legalidad nacional e internacional, en el marco de lo que calificaron como una “política migratoria abiertamente discriminatoria”, y solicitaron información sobre los alegatos de los responsables de delitos de odio racial.
Las organizaciones explican en el documento presentado ante la Procuraduría General de la República (PGR) que la situación de derechos humanos de la comunidad de inmigrantes haitianos, dominicanos de ascendencia haitiana y sectores socioeconómicamente vulnerables de la población dominicana negra se ha agravado en el país en los últimos dos años. luego de la reunión que sostuvieron varias de las organizaciones firmantes y las máximas autoridades de la PGR, el 2 de diciembre de 2022.
“La situación actual constituye un virtual estado de excepción impulsado por el Poder Ejecutivo, en el que se ha suspendido de facto la aplicación de las garantías constitucionales que protegen a los ciudadanos de detenciones arbitrarias, registros ilegales, discriminación y violencia por parte del Estado”, afirmaron.
“La Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual el Estado dominicano es signatario, en su artículo 22 prohíbe estrictamente las expulsiones masivas, sumarias o colectivas, ya que atentan contra el derecho a la protección personal que tiene toda persona, independientemente de su origen nacional. . La Ley General de Inmigración 285-04 exige el respeto al debido proceso en las detenciones de inmigrantes. La Norma 631-11 de Aplicación de la Ley 285-04, en su artículo 134-Párrafo establece que la detención migratoria debe ser el último recurso a utilizar por las autoridades migratorias, “cuando otros recursos regulatorios se consideren insuficientes”, pero no se permite la ejecución de Las detenciones de inmigrantes durante tres años contradicen ese criterio”, explicaron.
“En los hechos se constata una suspensión de los derechos constitucionales consagrados en los artículos 37, 38 y 39, referidos al derecho a la vida, a la dignidad humana y a la igualdad, así como los derechos relacionados con la libertad y seguridad personal, a la integridad personal, a la intimidad. y honor personal, y libertad de circulación, previstos en los artículos 40, 42, 44, 46 respectivamente», denunciaron, y agregaron que la detención de menores viola el artículo 56 de la Constitución, que ordena que la familia, la sociedad y el Estado priorizarán el interés superior del niño y del adolescente, así como la propia Ley de Migración.
“Es público y notorio que tanto agentes de la DGM como personal policial y militar cubren sus rostros con pasamontañas y no portan identificación visible. Esta práctica institucional ilegal facilita y fomenta la comisión de delitos como robos, detenciones arbitrarias con fines de extorsión, torturas, asesinatos y violaciones sexuales”, agregaron.
Respecto a la expulsión de dominicanos de ascendencia haitiana, consideran que “la Constitución prohíbe en su artículo 46 la expulsión de dominicanos del territorio nacional, salvo que se realicen procesos de extradición”, por lo que exigen que se tomen medidas para evitar impedirles continuar. las detenciones arbitrarias y expulsiones de dominicanos.
Las organizaciones solicitan información sobre los sometimiento a la justicia de personas implicadas en numerosos linchamientos racistas, asesinatos, ejecuciones en procedimientos de interdicción migratoria, amenazas de muerte perpetradas por organizaciones de extrema derecha, detenciones arbitrarias y registros sin orden judicial, perfiles raciales, detenciones ilegales de mujeres embarazadas. mujeres, niños y adultos mayores, y otros delitos cometidos en el marco de procesos de interdicción migratoria.
También se solicita información sobre el sometimiento de personas involucradas en el ataque a la sede de la organización Mosctha en octubre de este año por parte de ultraderechistas y en la detención arbitraria del líder del Movimiento Reconocido, Franklin Dinol.
Respecto de los hechos del 17 de octubre en el centro de detención migratoria de Haina, en los que según informes de prensa y activistas de derechos humanos hubo una fuerte represión a una protesta por parte de personas detenidas, también se solicita información sobre la existencia de una investigación.
Las organizaciones que firman la carta son el Colectivo #HaitianosRD, el Movimiento Reconocido, el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, Heartland Alliance International, el Movimiento Socialista de Trabajadores, Mosctha y el Colectivo Junta de Prieta.
