Santo Domingo.- El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, solicitó un informe a la Dirección Nacional de la Policía sobre las muertes de personas en conflicto con la ley penal en presuntos intercambios de disparos que involucraron a agentes del orden.
En el escrito, el órgano constitucional puso como ejemplo el caso del adolescente fallecido en el municipio Sábana Grande de Boyá, provincia Monte Plata, así como la información de que en lo que va del año más de 54 ciudadanos han perdido la vida en enfrentamientos. con la Policía Nacional.
«Los datos son naturalmente preocupantes, porque la velocidad con la que esta información se reproduce en los medios de comunicación no permite a los ciudadanos que la reciben formarse una opinión adecuada sin suscitar dudas, razonables en una sociedad democrática, sobre su uso proporcional». o no de fuerza letal por parte de miembros de un órgano ejecutivo del Estado”, afirmó Ulloa en la solicitud.
El documento explica que el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (N° 590-16) incluye entre sus principios fundamentales la acción proporcional, por lo que el uso de la fuerza sólo será legal como última opción y obedeciendo criterios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad, de conformidad con la Constitución de la República, las leyes y reglamentos. Asimismo, los artículos 32 y 33 establecen que la Dirección de Asuntos Internos tiene la facultad de investigar las faltas cometidas por agentes policiales y el uso excesivo de la fuerza.
Agregó que en virtud del artículo 13 de la Ley núm. 19-01 que creó la Defensoría del Pueblo y que permite monitorear y fiscalizar la actividad de la Administración Pública, esta institución requiere: a) un informe de las medidas adoptadas hasta el momento respecto del caso de muerte por herida de bala del 15 adolescente de años, en el municipio Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata, el 25 de septiembre de 2024; b) Un informe que detalle el número de muertes durante acciones policiales y persecuciones a personas en conflicto con la ley penal durante 2024, especificando, entre otros detalles, cuántas investigaciones ha iniciado la PN por indicios de uso excesivo de la fuerza. de sus integrantes y el número de integrantes que han sido sometidos a la acción de la justicia cuando, por la existencia de pruebas que permitan sostener que hubo excesos en la actuación policial, les sea atribuible responsabilidad penal.
“Reconocemos la lucha que realiza la Policía Nacional en su interés de garantizar la paz y seguridad de los ciudadanos, por lo que es imperioso saber que las acciones de la institución se llevan a cabo respetando los derechos que establece la Constitución de la República Dominicana. República. ”, dijo Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo otorgó a la Policía un plazo de 30 días para entregar la información solicitada en cumplimiento de la Ley 19-01.
