El Comisión Nacional de Derechos Humanos expresó su apoyo a la denuncia interpuesta por un grupo de abogados contra el director del policia nacionalpor presuntas ejecuciones extrajudiciales y presuntas violaciones a los derechos fundamentales de ciudadanos señalados como presuntos delincuentes.
La entidad informó que se encuentra trabajando en la documentación de los expedientes relacionados con estos casos, con el propósito de ser interviniente voluntario en el proceso presentado ante la Fiscalía General por los juristas Iván Cáceres y Cándido Simón.
El presidente de la Comisión afirmó que la organización dará seguimiento a las denuncias y colaborará con los familiares de las presuntas víctimas, a través de un comité que trabaja en el levantamiento de información sobre Muertes atribuidas a acciones policiales.
Denuncian más de 100 supuestas ejecuciones
De acuerdo a las declaraciones ofrecidas por el representante de la entidad, los registros de la Comisión Contabilizan más de 100 casos que son considerados ejecuciones extrajudiciales durante los últimos dos meses, en el contexto de la actual gestión del policia nacional.
El líder de derechos humanos sostuvo que existen indicios que, a su juicio, ameritan investigar posibles responsabilidades penales por los hechos denunciados, al considerar que podrían violar disposiciones constitucionales y legales.
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Estas declaraciones forman parte de las denuncias de la organización y deben ser examinadas por las autoridades competentes en el marco de las investigaciones correspondientes.
Piden a la Procuraduría General de la República investigar la denuncia
El Comisión Nacional de Derechos Humanos instó al fiscal general de la República cumplir con su responsabilidad de investigar los hechos denunciados y tramitar la denuncia dentro de los plazos establecidos por la Constitución y las leyes.
Asimismo, advirtió que, si considera que el caso no está teniendo el debido seguimiento, iniciará otros procedimientos para exigir que el Ministerio Publico investigar y procesar a los funcionarios que puedan ser responsables de los hechos.
La organización reiteró que su participación como interviniente voluntario busca contribuir a la documentación de los casos, apoyar a los familiares de las víctimas y promover que las denuncias sean conocidas por las autoridades judiciales correspondientes.
El caso vuelve a colocar en el centro del debate público las denuncias sobre presuntos abusos policiales, el respeto al derecho a la vida y la necesidad de la actuación de Los organismos de seguridad se desarrollan de acuerdo con el marco legal dominicano.
