Santo Domingo, RD.- El Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (adesinc) apoyó este lunes la propuesta de ampliar a 24 meses el plazo para la entrada en vigor del régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas, al considerar que las empresas necesitan un plazo suficiente para adaptar sus procedimientos y reforzar sus mecanismos de prevención.
El presidente de la entidad, freddy gonzalez estradadestacó que la iniciativa presentada por el senador de Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijoresponde a la necesidad de garantizar una transición ordenada, con reglas y condiciones claras que permitan cumplir eficazmente las nuevas obligaciones.
El proyecto propone modificar el artículo 31 de la Ley 44-26 para que lo dispuesto en los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Código Penal entrará en vigor 24 meses después de la publicación de la eventual ley, reemplazando el período de tres meses a partir del 5 de agosto de 2026.
González Estrada argumentó que, para las empresas seguridad privadala adecuación requiere revisar los protocolos operativos, especificar las responsabilidades de gestión y supervisión, capacitar al personal y documentar los controles destinados a prevenir conductas delictivas.
Explicó que estas tareas adquieren especial relevancia en una actividad cuyos trabajadores deben tomar decisiones relacionadas con la protección de personas y bienes, el uso de la fuerza y la respuesta a situaciones de riesgo.
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El dirigente empresarial reiteró que ADESINC Favorece la modernización de la legislación penal y la prevención de delitos, junto con una aplicación proporcional que permita distinguir entre fallos organizativos de una empresa y actuaciones individuales realizadas al margen de sus instrucciones y protocolos.
Recordó que estas inquietudes fueron abordadas durante el taller “El Nuevo Código Penal y su impacto en la Seguridad Privada”, organizado por la asociación en agosto, con la participación del jurista Francisco Álvarez y representantes del sector.
En esa reunión, el gremio advirtió sobre la necesidad de mayor claridad en materia de responsabilidad empresarial, legítima defensa y uso de la fuerza, así como las implicaciones de las nuevas disposiciones para el funcionamiento de las empresas de vigilancia.
González Estrada Consideró que el período de adaptación debe utilizarse para desarrollar programas de capacitación, lineamientos prácticos y asistencia técnica, tanto para las organizaciones sujetas al régimen como para las instituciones responsables de su aplicación.
La propuesta legislativa contempla acciones de preparación por parte de las agencias del sistema de justicia y entidades reguladoras, así como modelos de cumplimiento proporcionales al tamaño, actividad y exposición al riesgo de cada organización.
el presidente de ADESINC Resaltó la importancia de este apoyo a las empresas con menos recursos técnicos y económicos, con el fin de facilitar la adopción de medidas preventivas efectivas.
El aplazamiento propuesto se limita al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. No modifica la validez de las demás disposiciones del Código Penal ni limita la responsabilidad penal individual ni las responsabilidades civiles y administrativas previstas en el ordenamiento jurídico.
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