El 12 de agosto, la mesa de negociación acordó –y lo hizo público– avanzar en la transformación del sistema de justicia venezolano. Desde entonces hemos adoptado medidas concretas para convertir ese compromiso en una realidad institucional. La reciente reforma al artículo 65 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia es una de ellas: la Comisión de Postulaciones Judiciales estará integrada por 23 miembros, 12 representantes de la sociedad civil y 11 diputados de la Asamblea Nacional. No es un cambio menor. La sociedad civil comienza a ocupar un lugar central en un proceso decisivo para la justicia venezolana. Si durante años exigimos que la selección de magistrados dejara de ser un espacio cerrado y sujeto a control político, ahora que empieza a abrirse debemos participar. Ha llegado el momento del país legal y de la sociedad civil.
Una mayor participación ciudadana debería traducirse en un menor control partidista. Uno de los mayores daños infligidos a nuestro sistema judicial ha sido la apropiación política de sus instituciones. La selección de jueces terminó siendo percibida como una cuestión reservada al poder, en lugar de una responsabilidad institucional sujeta a la Constitución. Revertir esta situación requiere modificar las normas, pero también recuperar una cultura jurídica basada en la independencia, el mérito, la honorabilidad y el servicio a la República.
Por eso es importante lo que está pasando. La negociación comienza a producir cambios institucionales y legales concretos y verificables. No son sólo declaraciones de intenciones. Estamos creando las condiciones para un nuevo procedimiento de postulación, abierto y creíble que permita avanzar hacia la renovación de la Corte Suprema de Justicia.
Pero ninguna reforma legal por sí sola puede producir la justicia que Venezuela necesita. Las instituciones también son valiosas por las personas que las encarnan. Y nuestro país conserva, dentro y fuera de sus fronteras, una extraordinaria reserva de juristas: en universidades, colegios de abogados, academias, despachos de abogados y tribunales. También entre tantos venezolanos en la diáspora que han seguido estudiando, enseñando y ejerciendo el derecho con excelencia. Debemos convocarlos a todos.
Queremos que aquellos que tienen las credenciales para ser magistrados consideren postularse. Necesitamos que las universidades, los colegios de abogados y las academias se impliquen; que ayudan a identificar nombres y examinar trayectorias; que las organizaciones ciudadanas observen el proceso; que en la discusión participen profesores, abogados, jueces y estudiantes de derecho. Lo que está en juego es demasiado importante para dejarlo exclusivamente en manos de quienes estamos sentados en la mesa de negociaciones.
Hay, además, una exigencia ineludible: el escrupuloso cumplimiento de la Constitución. El artículo 263 no puede reducirse a una formalidad. Deben examinarse rigurosamente la honorabilidad, la competencia jurídica reconocida, la carrera profesional y demás requisitos constitucionales y legales. Venezuela no necesita simplemente reemplazar algunos jueces por otros. Necesita recuperar el poder judicial como institución republicana.
Y para ello tenemos una tarea muy concreta por delante. Al fin y al cabo necesitamos reunir una lista de al menos doscientos hombres y mujeres capaces de asumir las más altas responsabilidades judiciales de la República. Doscientos juristas reales. Hombres y mujeres en toga, con competencia, carrera y honorabilidad, pero, sobre todo, libres interiormente. Personas que no deben su conciencia a un partido, a un grupo económico o a ningún poder. Gente que sabe que un magistrado no sirve a un parcialidad: sirve a la Constitución y al pueblo de Venezuela.
Tenemos que buscarlos. En Caracas y en las regiones. En universidades públicas y privadas. Entre quienes han ejercido la judicatura con dignidad y entre quienes han construido una carrera profesional respetable. Dentro de Venezuela y en la diáspora. Estoy convencido de que existe esta reserva moral y jurídica. Hay que hacerlo emerger.
Por supuesto, todo esto requiere transparencia. El país debe saber quiénes aspiran a representar a la sociedad civil en el Comité de Nominaciones, cuáles son sus credenciales y cómo fueron elegidos. Y luego hay que saber quiénes aspiran a integrar la Corte Suprema de Justicia, cuál ha sido su trayectoria y por qué cumplen con los requisitos de la Constitución y la ley. La luz pública debe acompañar el proceso.
Lo que se ha logrado hasta ahora es sólo un primer paso. El objetivo es mucho mayor: renovar la Corte Suprema de Justicia y avanzar hacia un sistema judicial independiente, capaz de proteger los derechos ciudadanos, garantizar la integridad electoral y volver a ser un límite efectivo contra el poder.
Esa tarea, insisto, no corresponde a una delegación ni a una mesa de negociación. Pertenece al país. Podemos ayudar a abrir caminos y cambiar reglas. Pero ahora le toca al país legal y a la sociedad civil entrar por esas puertas, participar y asumir su responsabilidad.
Bolívar entendió que las instituciones republicanas no pueden sostenerse sin ciudadanos capaces de encarnar sus principios. En definitiva, no hay República sin republicanos. Tampoco habrá nueva justicia sin verdaderos magistrados: hombres y mujeres libres, vestidos con la dignidad de la toga, servidores de la Constitución y del pueblo de Venezuela.
Las reglas están empezando a cambiar. Ahora necesitamos republicanos capaces de hacerles vivir.
