Enrique Lemos/Latinoamérica21
Los acontecimientos políticos de principios de 2026 en Venezuela dieron a los venezolanos la esperanza de volver a vivir en democracia y recuperar las condiciones de vida de un país que, hace unas décadas, era considerado uno de los más prósperos de América Latina.
En el ámbito económico, esta expectativa parece encontrar apoyo en una disposición favorable de la sociedad hacia la transformación del modelo productivo. Según confirma la última encuesta del Instituto IPSE, realizada entre junio y julio de 2026, la mayoría de los venezolanos apoya reformas que permitan una mayor participación privada en la industria petrolera, la principal actividad económica del país. Según el estudio, la mayoría no identifica riesgos relevantes en esta apertura y cree que podría aumentar los ingresos del Estado, ampliar la transparencia y reducir la corrupción.
En el escenario internacional, esta disposición encuentra una oportunidad particularmente relevante. La creciente inestabilidad de la geopolítica energética y la preocupación de Estados Unidos por su seguridad energética a largo plazo coinciden con la necesidad de Venezuela de atraer capital, tecnología y capacidad empresarial para reconstruir su industria de petróleo y gas. Luego de décadas de deterioro de Pdvsa y políticas que comprometieron la capacidad productiva del sector, la participación de grandes empresas internacionales será fundamental para recuperar la producción de hidrocarburos en el país.
El problema es que esta oportunidad se presenta en un país marcado por un profundo legado institucional, económico y político del chavismo.
Un pasado que no se puede borrar
Venezuela acumula décadas de complejo deterioro institucional, una prolongada crisis socioeconómica y política, así como el colapso general de los servicios públicos. En el sector petrolero, se produjo un colapso de la producción después de años de desinversión, muy mala gestión, deterioro de la infraestructura y un deterioro del clima de inversión.
En la euforia del nacionalismo petrolero de los gobiernos de Hugo Chávez, es imposible olvidar cómo se desalentó el aporte de las empresas multinacionales a la recuperación de la producción de hidrocarburos en el país y a la viabilidad de la producción en zonas de alta complejidad, como la «Faja del Orinoco».
También se ignoró el impacto que generaría en la confianza en las instituciones venezolanas la ruptura unilateral de contratos ya firmados y en operación, así como la expropiación de los activos de empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips.
Los proyectos desarrollados por estas empresas implicaban altos costos de capital, largos períodos de maduración y capacidades técnicas que, en algunos casos, estaban avanzadas según los estándares del sector en ese momento.
El resultado es un entorno empresarial poco atractivo para los inversores privados, principalmente debido a la percepción de que no existe seguridad jurídica en el país para invertir en proyectos de largo plazo.
Reformas en un contexto de opacidad y sin autoridades legítimas
Venezuela es atractiva porque tiene mucho petróleo, por supuesto. El país tiene las mayores reservas probadas del mundo y enormes volúmenes de recursos conocidos que, con los incentivos regulatorios adecuados, podrían atraer a diversas empresas del sector.
Sin embargo, la forma en que el régimen interino, en estrecha coordinación con Estados Unidos, ha gestionado las reformas ha generado gran preocupación y cuestionamientos sobre las medidas adoptadas.
La reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos abrió una ventana inédita para la participación privada, pero dejó elementos preocupantes por la preservación de amplias prerrogativas de decisión del Estado.
Si bien la reforma estableció parámetros generales para el régimen fiscal, también preservó un margen para que ciertas condiciones económicas y contractuales fueran definidas o ajustadas según las características y viabilidad de cada proyecto. Esta flexibilidad puede ser necesaria para hacer viables las inversiones en áreas con diferentes niveles de riesgo y complejidad, pero también aumenta la importancia de la previsibilidad para los inversores.
Una parte relevante de las negociaciones para la transferencia de activos y áreas se ha llevado a cabo de manera bilateral, con poca información pública sobre los criterios establecidos para la selección de socios y los términos acordados, sin que, en la práctica, se haya observado sistemáticamente un proceso competitivo y públicamente transparente.
La legitimidad de los actores que llevan a cabo las reformas sigue generando incertidumbre entre analistas e inversores. La presencia, como asesores o interlocutores, de figuras empresariales que estuvieron en el centro de investigaciones y controversias relacionadas con la corrupción, así como la participación de empresas poco conocidas o sin una trayectoria consolidada en el sector, también alimenta preocupaciones sobre los estándares de gobernanza que acompañarán la apertura de la industria.
Por otro lado, persiste la desconfianza sobre las verdaderas intenciones de Delcy y los demás líderes del régimen autoritario tras décadas de persecución y estigmatización del sector privado.
Por estos motivos, las empresas más reconocidas del sector petrolero aún se mantienen cautelosas, evaluando los riesgos de ingresar o ampliar sus operaciones en el país. También merece atención el contraste entre los anuncios de nuevas inversiones y su formalización efectiva. Al momento de escribir esta columna, sólo se ha formalizado un nuevo Contrato de Participación Productiva (CPP) bajo el nuevo marco legal.
A esto se suman los anuncios de un acuerdo que daría a Estados Unidos un control mayoritario sobre más de 65 mil millones de barriles de las reservas probadas de petróleo de Venezuela. Presentado por el Gobierno estadounidense como una asociación con empresas privadas para desarrollar 17 yacimientos petrolíferos, el acuerdo aún carece de información pública detallada sobre sus términos económicos, legales y operativos.
La recuperación de la industria petrolera no puede repetir los errores del pasado
Si el objetivo es verdaderamente reconstruir la industria petrolera venezolana sobre una base sostenible y contribuir a la seguridad energética de Estados Unidos y el hemisferio occidental, la situación actual requiere que los actores involucrados prioricen la reinstitucionalización del país, en lugar de acelerar reformas y concluir acuerdos de largo alcance sin que estén plenamente establecidas las bases institucionales y legales necesarias para sostenerlas.
Para lograrlo, es necesario avanzar rápidamente en la renovación de los poderes públicos y confiar la realización de reformas sustanciales a autoridades dotadas de legitimidad democrática para llevar a cabo estas iniciativas.
Asimismo, es fundamental que las políticas de apertura al capital privado sean conducidas por instituciones competentes y de acuerdo con las mejores prácticas de transparencia del sector. La experiencia de países como Brasil y Colombia demuestra la importancia de contar con instituciones regulatorias especializadas, dotadas de autonomía y capacidad técnica, y guiadas por procedimientos transparentes para implementar los lineamientos de la política petrolera.
Bajo el manejo de instituciones serias, la regulación debe garantizar que la transferencia de activos o nuevas áreas al sector privado se realice a través de procesos competitivos, restringidos a empresas que demuestren capacidad técnica y financiera. La selección debe privilegiar propuestas capaces de maximizar los beneficios para el país, a través de regalías y otras formas de participación gubernamental, dentro de un régimen fiscal competitivo.
Finalmente, los parámetros fundamentales del régimen tributario y las demás condiciones esenciales de los contratos deben estar claramente definidos, formalizados y conocidos por los inversionistas antes de la toma de decisiones, minimizando el espacio para interpretaciones discrecionales posteriores.
Si el objetivo es que Venezuela vuelva a ser un socio energético relevante y recupere su posición en el mercado internacional, la reconstrucción de su industria debe partir de una lección simple pero fundamental: sin instituciones confiables no habrá inversiones sostenibles. Y, sin democracia, seguridad jurídica y transparencia, la recuperación de la producción petrolera corre el riesgo de verse arrollada por el resurgimiento de los fantasmas del pasado.
