En Irán, Arsaalan Saleh Fard sintió que el asedio de la represión se cernía a su alrededor. Tras las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini en 2022, tras ser arrestada por no llevar el velo según las normas, la joven había difundido consignas y textos de resistencia en Internet. Además, se había convertido al cristianismo.
Arsaalan había sabido recientemente que era objeto de una orden de arresto. Por ello, huyó de su país con la esperanza de encontrar refugio en Estados Unidos. En febrero de 2025, tras un largo viaje que comenzó en Venezuela, el joven cruzó la frontera con México cerca de San Diego y se entregó a las autoridades estadounidenses para solicitar asilo. Fue puesto inmediatamente bajo arresto.
Diez días después, Arsaalan Saleh Fard fue embarcado en un vuelo con destino a un país que no conocía. A sus 25 años, el joven formó parte de los 299 migrantes expulsados a Panamá por Estados Unidos en tres vuelos organizados semanas después de la toma de posesión de Donald Trump, en enero de 2025. Ninguno de ellos era panameño, ninguno tenía vínculos con este pequeño país centroamericano.
Este testimonio fue recogido por The Washington Post como parte de la investigación coordinada por Forbidden Stories, titulada “El Proyecto Deportación: Revelaciones sobre las expulsiones masivas de la administración Trump”, en la que participó RFI.
La administración Trump ha deportado al menos a 25.400 personas a países distintos al suyo.
Estos traslados a Panamá constituyen una de las primeras manifestaciones masivas de la nueva estrategia migratoria implementada por el segundo gobierno de Donald Trump: expulsar a migrantes de Estados Unidos no sólo a sus países de origen, sino también a «terceros» países. Entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de agosto de 2026, al menos 25.447 personas fueron enviadas desde Estados Unidos a 28 terceros países, según datos verificados por Forbidden Stories.
Durante este período se identificaron al menos 105 vuelos. Sin embargo, el registro está bastante incompleto. Algunos países, como Ecuador, reciben habitualmente vuelos de deportación con sus propios ciudadanos, lo que dificulta identificar a los pocos pasajeros de otras nacionalidades que pueden estar incluidos en esos mismos vuelos.
Además, en el caso de México, que ha recibido a la mayoría de personas expulsadas, los traslados se realizan principalmente en autobús, lo que complica aún más su documentación.
A través de una serie de reportajes, RFI investigó en detalle cómo este sistema logró extenderse incluso al continente africano, además del acuerdo secreto firmado entre Estados Unidos y El Salvador.
Acuerdos negociados
Durante su segunda campaña presidencial, Donald Trump prometió «la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos». Su administración se fijó la meta de alcanzar un millón de expulsiones en un año. La estrategia de recurrir a terceros países se convirtió en una de las herramientas clave para hacer realidad esta política de deportaciones masivas.
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En febrero de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ordenó a sus agentes evaluar sistemáticamente la posibilidad de deportar a terceros países a personas que no podían ser expulsadas a su país de origen debido a los riesgos que enfrentaban.
Mientras tanto, el Departamento de Estado estadounidense, cuya misión histórica era facilitar el asentamiento de refugiados en el país, se reestructuró y creó la Oficina de Repatriación, agencia encargada de negociar acuerdos -más o menos secretos- con gobiernos extranjeros. Estas negociaciones se basaron en incentivos económicos y presiones políticas.
En menos de dos años, la administración Trump logró establecer una red global de países dispuestos a recibir a personas expulsadas, incluso si no eran sus ciudadanos. Este sistema cubría desde América Latina hasta África, pasando por las islas del Caribe. Según documentos internos obtenidos por The Washington Post, se asignaron al menos 410 millones de dólares para facilitar estos acuerdos.
México, destino de más del 75% de los expulsados
Aunque México concentró la mayoría de los traslados, con alrededor de 20.000 personas recibidas, algunos migrantes fueron enviados a otras naciones de América Latina, África e incluso pequeñas islas del Caribe. en muchos casos sin vínculos previos con esos territorios. Guatemala recibió 2.981. En África, 34 personas, entre ellas vietnamitas y laosianos, acabaron encarceladas en la pequeña monarquía de Eswatini, otras 63, entre ellas cubanos y brasileños, fueron enviadas a Guinea Ecuatorial. En algunos Estados del Caribe, las transferencias se contaron con los dedos de una mano: Santa Lucía, por ejemplo, acogió a un primer grupo de seis personas de cinco nacionalidades diferentes (Cuba, Kirguistán, Papúa Nueva Guinea, Jordania e Indonesia).
Al 31 de agosto, 28 países ya habían recibido efectivamente a personas de otras nacionalidades, aunque al menos 35 Estados habían cerrado acuerdos con Estados Unidos. La red continúa ampliándose: el 4 de septiembre Guyana recibió por primera vez a seis ciudadanos cubanos y afganos. En este sistema, México representa un caso excepcional: no se ha hecho público ningún acuerdo formal, pero en la práctica hay un entendimiento.
«Me siento completamente perdido», confesó Arsaalan Saleh Fard. Aunque casi dos tercios de los migrantes que llegaron a Panamá aceptaron ser repatriados a sus países de origen a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 112 personas que declararon temer persecución no podrían ser devueltas y quedaron varadas en el país. Durante dieciocho meses, el joven sobrevivió como pudo, sin ayuda alguna, en un limbo: en un país donde no tiene derecho a trabajar y cuya lengua no habla. Tuvo que trabajar en la economía informal para pagar sus inyecciones de insulina. Su vida está en pausa. Hasta que, por fin, pueda volver a salir, esta vez rumbo a México.
