La mayoría de los funcionarios judiciales de Cuba y República Dominicana desconocen que existe un tratado de extradición entre los dos países, que data de principios del siglo XX.
El tratado fue firmado el 29 de junio de 1905, durante el gobierno dominicano de Carlos Morales Languasco, y el gobierno cubano de Tomás Estrada Palma.
Fue firmado, por República Dominicana, por José Ramón Pérez Román, quien fue encargado de negocios en La Habana, y por Cuba, por el Dr. Juan F. O’Farril, Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y Justicia. Fue ratificado por el Congreso Nacional el 29 de mayo de 1906.
El objetivo del tratado es garantizar el procesamiento de los crímenes cometidos en el territorio de un Estado u otro, de modo que los responsables no puedan encontrar asilo y «evadir las penas resultantes de sus crímenes desplazándose de un país a otro».
Los delitos incluidos en el tratado son: homicidio voluntario, aborto, golpizas o lesiones, atentados contra la libertad individual y contra la inviolabilidad del domicilio, cometidos por particulares; amenazas, daños a las vías del tren, poner en peligro a los viajeros; violación, secuestro, bigamia, sustracción de menores, falsificación, fabricación de moneda falsa, falso testimonio, piratería, malversación de fondos públicos, soborno. El robo y la quiebra voluntaria también están incluidos en el tratado.
La solicitud de extradición podrá realizarse a través de agentes diplomáticos y consulares.
La solicitud de extradición no procederá si la pena no excede de seis meses de privación de libertad o si la pena ha prescrito.
Tampoco se aplica si el individuo ya ha cumplido su condena y ha sido puesto en libertad.
El artículo V dispone lo siguiente:
“Cuando la persona buscada sea procesada o condenada en el Estado requerido, su extradición podrá diferirse hasta que se desestime el proceso, sea absuelto o declarado exento de responsabilidad o haya cumplido su pena”.
Artículo VI
“En el caso de que la entrega del prófugo sea también solicitada por una u otras Potencias, se concederá a aquella Nación respecto de la cual el Gobierno requerido esté obligado por una cláusula expresa del tratado, para concederla con preferencia, y a falta de esa obligación, al Estado cuya solicitud, entre las aplicables, haya sido recibida en primer lugar.”
Es bueno señalar que el Tratado no tiene fecha de vencimiento, como se desprende claramente de las disposiciones del Artículo XV:
“Este Tratado entrará en vigor treinta días después del canje de ratificaciones y continuará vigente hasta transcurrido un año, contado a partir de la fecha en que una de las dos partes contratantes notifique a la otra su intención de cesar en sus efectos.”
