La regulación y supervisión permanente del sistema financiero y de la fondos de pensiones constituyen mecanismos fundamentales para proteger los recursos de los afiliados y prevenir situaciones como la ocurrida recientemente en Paraguayafirmó el Superintendente de Pensiones, Francisco A. Torres.
Explicó que en República Dominicana la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Pensiones son las encargadas del seguimiento de las entidades financieras y las administradoras de fondos de pensiones, respectivamente. Destacó que desde la crisis bancaria de 2003 el país no enfrentaba otra de esa magnitud y que, cuando algunas entidades han presentado problemas, las autoridades han podido intervenir a tiempo.
Al referirse al caso de Paraguay, señaló que de los tres millones de socios o clientes que tenía el banco involucrado, cerca de dos millones ya habían recibido su dinero de vuelta. Indicó que esto fue posible gracias a los mecanismos de protección establecidos en el reglamento, que permiten dar respuesta a situaciones de esta naturaleza.
En el sistema de pensiones dominicano, la Superintendencia de Pensiones supervisa diariamente los instrumentos en los que invierten las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Torres explicó que esta vigilancia se complementa con la de la Superintendencia del Mercado de Valores, que supervisa a las empresas emisoras, mientras que la Superintendencia de Pensiones verifica las inversiones desde la perspectiva de las administradoras.
Agregó que, al ser instrumentos del mercado de valores, también están sujetos a la vigilancia de sus participantes y cuentan con información pública. Los datos sobre las operaciones están disponibles periódicamente en las páginas de las empresas emisoras y de los órganos de supervisión.
Torres reconoció que toda inversión implica riesgos, pero sostuvo que estos se mitigan mediante regulación y supervisión activa.
Explicó que las AFP pueden invertir en instrumentos con diferentes calificaciones de riesgo para lograr una mayor rentabilidad ajustada al riesgo asumido y que, ante posibles problemas, las autoridades cuentan con mecanismos para intervenir a las entidades y realizar los procesos de liquidación correspondientes.
