Sicarios asesinaron a un ex trabajador que presuntamente estaba involucrado en una red que contrataba prostitutas para ofrecer sus servicios a cambio de votos clave en el Parlamento.
Por Ricardo Monzón Kcomt
¿Hay congresistas proxenetas en el Perú? Es la pregunta que se hace medio país desde el 10 de diciembre, cuando tres sicarios en motocicletas se abalanzaron sobre el taxi en el que viajaba Andrea Vidal Gómez, de 28 años, para dispararle no una, ni dos, sino 70 veces. Dos de esas balas le atravesaron la cabeza.
Según las investigaciones fiscales, tal ensañamiento estaría relacionado con un objetivo: silenciarla para que no revele detalles de una red de proxenetismo y prostitución dentro del propio Congreso de la República del Perú, donde trabajó hasta septiembre de 2024 como asesora en la Oficina Jurídica. y Constitucional, a órdenes de un funcionario llamado Jorge Torres Saravia.
Vidal falleció una semana después, tras una larga agonía en el Hospital Dos de Mayo, en el corazón de Lima, sin poder decir una palabra.
Las mismas investigaciones arrojan que Vidal se encargó de reclutar a mujeres jóvenes sin experiencia académica ni profesional para trabajar como secretarias o personal administrativo en distintas oficinas del Congreso, con la complicidad de los partidos políticos allí representados, para luego ofrecer sus servicios. relaciones sexuales con parlamentarios a cambio de que voten de cierta manera en sesiones clave.
Testigos entrevistados por distintos medios locales, que han reservado su identidad, han señalado a Jorge Torres como el organizador de esta práctica delictiva, que se llevaba a cabo con reuniones privadas tras fiestas en pisos alquilados a través de plataformas como Airbnb. Torres habría despedido a Andrea Vidal y otros dos trabajadores del Congreso por imposición de un alto funcionario, aún desconocido.
Una de las jóvenes involucradas, Isabel Cajo Salvador, quien habría participado en las fiestas organizadas por Torres, publicó contenido en la plataforma para adultos Onlyfans hasta febrero de este año. Inició su carrera en el Parlamento en el área de Gestión de Activos y luego trabajó directamente con Torres, para finalmente pasar al despacho del congresista Edwin Martínez donde actualmente gana 7 mil soles (casi 1.900 dólares) mensuales, a pesar de no tener un soltero ni siquiera un diploma completo de escuela secundaria.
Como es habitual, la clase política en su conjunto ha tratado de distanciarse de esta denuncia. El propio Torres rechazó las acusaciones y lamentó la muerte de Vidal. También dijo que él no determinó su despido sino que fue el área de Recursos Humanos del Parlamento, pese a un reportaje periodístico en el semanario Hildebrandt en su decimotercer Reveló que dos semanas antes del crimen Vidal se reunió con Torres en su oficina, y salió del lugar visiblemente afectado.
La crisis ha afectado al partido Alianza para el Progreso (APP), que fue el que llevó a Torres al Congreso. Aunque no aparece como militante en sus filas, en las redes sociales existen varias fotografías de él participando en actividades proselitistas de este grupo, e incluso acompañando a su secretario general, Luis Valdéz, excongresista y brazo derecho del líder del partido, César. Acuña. Ambos se han distanciado de Torres.
Acuña, gobernador de la norteña región de La Libertad, tiene una estrecha relación con la presidenta de la República, Dina Boluarte. En múltiples ocasiones lo ha defendido de las críticas ciudadanas y uno de sus obispos, el médico César Vásquez, es actualmente ministro de Salud del gobierno desde junio del año pasado. Incluso se ha hablado de un cogobierno entre APP y Boluarte, tras la encuesta de poder de la revista Semana Económica Septiembre daría como resultado que Acuña y Boluarte poseyeran prácticamente la misma proporción de poder en Perú.
Si bien el asesinato de Vidal y la presunta explotación sexual se investigan en dos expedientes tributarios distintos, la Comisión de Fiscalización del Congreso también ha intervenido en el asunto y ha citado a diversos funcionarios para iniciar las investigaciones del caso. Varias bancadas con escaños en el Parlamento han pedido la renuncia del presidente de este poder del Estado, Eduardo Salhuana, quien también milita en el partido APP, pero él ha descartado que eso suceda.
La percepción de que hay un Congreso lumpen es evidente. El proxenetismo se suma a la larga lista de crímenes muy graves por el cual funcionarios o miembros del Parlamento peruano son investigados por la justicia. En las próximas elecciones los ciudadanos ya no esperan buenos representantes; solo que los nuevos no son peores que los anteriores.
