El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso la noche de este domingo arresto preventivo y domiciliario, así como garantías económicas a quienes estarían vinculados a la presunta red de corrupción administrativa que habría sustraído fondos económicos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y que fue procesado con base en la Operación Cobra 2.0-A.
El prisión preventiva Se impuso a Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet, quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra.
Asimismo, a Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, quienes deberán cumplir la medida cautelar en el CCR Najayo Mujeres, por 18 meses.
Mientras que el arresto domiciliario Se impuso a los imputados Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Además, un garantía financiera de 2 millones de pesos, a través de una compañía de seguros, prevención de salida y arresto domiciliario en contra de Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Acusado en Senasa 2.0
Mientras tanto, Martha María Saldaña Saldaña recibió una garantía financiera de tres millones de pesos a través de una compañía de seguros, prohibición de salir del país y arresto domiciliario.
Asimismo, se impuso garantía financiera de un millón de pesos a través de sociedad, impedimento de salida y presentación periódica a José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré.
El Juzgado Primero de Instrucción del Distrito Nacional será el juzgado de control de este proceso. La revisión obligatoria de la medida coercitiva quedó fijada para el 22 de diciembre de 2026.
“Reconocimiento de la investigación”
El vicefiscal general Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Fiscalía, calificó la decisión como un reconocimiento a la investigación realizada por el Ministerio Público.
«Hay tres puntos que quiero tocar sobre este proceso: primero, este es un proceso del que debemos aprender. Y quiero aprovechar para instar a los médicos a que no den sus códigos», dijo Camacho en respuesta a las preguntas de la prensa que le dirigieron tras conocerse el fallo.
Subprocurador Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución
«Prestar los códigos puede arrastrarlos a procesos penales. Si los 22 médicos procesados en este caso no hubieran prestado su código, este caso no habría existido», afirmó.
«Debemos tomar esta experiencia como base para una campaña para decirles a los médicos que no deben prestar sus códigos», afirmó.
En segundo lugar, sobre la decisión, el titular de la Dirección de Fiscalía manifestó: “Todos los imputados, excepto dos, fueron privados de libertad debido a la decisión que hoy dictó el tribunal”.
“Esto es ahora un reconocimiento por parte del juez a la solidez de la investigación del Ministerio Público y, a nosotros, esa decisión nos parece una decisión razonable”, resaltó sobre la decisión que también declara que el caso es de complejo de trámite.
“En tercer lugar, la investigación por lo ocurrido en el SeNaSa no está cerrada, no está concluida con esta investigación y vamos a ir por más”, dijo Camacho, quien encabezó el equipo de litigio que representó al Ministerio Público en la audiencia junto a la procuradora del tribunal Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); el fiscal Héctor García y los fiscales de instancia Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto y Yudelka Holguín.
El proceso judicial por «actos de corrupción»
Respecto al SeNaSa, el Ministerio Público detuvo el año pasado con la Operación Cobra a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de esa ARS, así como a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Con el procesamiento de los imputados, el Ministerio Público busca sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos sustraídos al Estado dominicano.
Santiago Hazim y otro imputado son llevados a la audiencia celebrada ayer. Guillermo Burgos
Al grupo se le imputan los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, defraudación al Estado dominicano, malversación de fondos, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de dinero.
Durante el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha podido recabar evidencias de sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y programas especiales sin base legal, utilizados para desviar fondos mediante maniobras fraudulentas.
El organismo acusador indicó que se trata de un esquema sistemático de corrupción instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación delictuosa, de prestadores de servicios de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
Como parte de las líneas de investigación que sigue el proceso, el Ministerio Público también lanzó en junio pasado la Operación Onco14, que derivó en la detención de tres personas por ser parte de la estructura que abusó de la Junta Cibaeña Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Regional de Oncología del Cibao (IORC), a pacientes afectados por el cáncer y al SeNaSa.
En el caso fueron detenidos Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acología, así como su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupaba la Vicepresidencia y, Al mismo tiempo, se desempeñó como auditora interna y externa del directorio que administra el Instituto Regional del Cáncer del Cibao cuando el imputado era presidente de la mencionada ASFL.
Lora Cruceta y su esposa Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez se encuentra bajo arresto domiciliario.
