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domingo, septiembre 20, 2026
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Senasa 2.0: abogado de uno de los imputados dice no les sorprendió los allanamientos

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Javier Herrera

Los allanamientos e incautaciones de Ministerio Publico contra un grupo de médicos y otras personas nombradas en el caso Senasa 2.0 ellos no eran sorpresa para algunos de los acusados.

Según el abogado Billy Gerónimo, representante legal de Angeury Guzmán, indicó que se sabía que “en algún momento” estas acciones ocurrirían.

El hombre indicó que su cliente, quien fue detenido en la capital, está preparado para enfrentar las acusaciones del organismo acusador. «Estamos preparados para establecer la medida coercitiva; (preparados) para interponer la demanda», dijo.

Otro defensor de dos médicos, Manuel Mateo, sostuvo que sus clientes no representan riesgo de fuga ni comprometerán el proceso judicial, por lo que lo que sigue «perfectamente» se puede hacer con ellos en libertad.

«Son profesionales de la salud y, además, no van a obstaculizar el normal desarrollo de la investigación. Son personas que tienen bastante arraigo, profesionales de la salud de renombre. Conocían el proceso de investigación desde hace más de un año y no robaron», explicó Mateo.

El Ministerio Publico solícito Ayer sábado se cumplieron 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a 25 de los detenidos en el denominado operativo Cobra 2.0-A, iniciado el viernes como parte de las líneas de investigación contra los presuntos red de corrupción administrativo que robó fondos públicos aprovechándose del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

La procuradora judicial Mirna Ortiz, titular de la Fiscalía Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (pepa), encabezó el equipo de fiscales que presentó, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, la solicitud de imposición de medida coercitiva contra 25 acusados ​​de violar la ley al aprovecharse del Senasa en complicidad con empleados de la gestora de riesgos para la salud (ARS) estado. El ente investigador también solicitó que se declare complejo el proceso de tramitación.

La línea de investigación ha cuantificado el robo de un monto que supera los 40 millones de pesos.

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